El cierre del mercado italiano para el cuero paraguayo encendió alarmas en el sector productivo y abrió un debate incómodo: hasta qué punto las campañas impulsadas desde el exterior están condicionando decisiones económicas que impactan directamente en la producción nacional.
En los últimos días, una delegación de líderes del pueblo Ayoreo Totobiegosode llevó su denuncia a Europa, señalando que Italia estaría financiando indirectamente la destrucción de sus territorios ancestrales a través de la compra de cuero. La agenda incluyó reuniones en la Cámara de Diputados italiana y encuentros políticos en Milán, en busca de respaldo internacional para sus reclamos, según reportó la agencia EFE.
La delegación estuvo acompañada por Teresa Mayo, activista de la organización Survival International, una ONG con fuerte presencia en campañas sobre pueblos indígenas en América Latina. Survival International se financia principalmente a través de donaciones privadas y, de manera minoritaria pero relevante, por tres opacos fondos familiares estadounidenses: la familia Abrons, cuya riqueza proviene del sector inmobiliario y construcción en Nueva York; la familia Tomberg, que proviene de un emprendedor privado (sin detalles sectoriales públicos); y la McNabb Foundation, que permanece como una entidad de bajo perfil, sin información pública disponible sobre los negocios de la familia.
Mientras tanto, en Paraguay, el impacto ya es tangible. Emilio Bedoya, presidente de la Cámara del Cuero, fue contundente: “El mercado italiano se cerró. No estamos vendiendo. Paraguay estaba exportando USD 95 millones de cuero por año. Ahora no estamos exportando nada”. Según explicó, la situación está afectando directamente a curtiembres y frigoríficos, que hoy se ven obligados a entregar materia prima sin procesamiento.
Italia era el principal destino del cuero paraguayo, absorbiendo más de la mitad de las exportaciones globales del país en este rubro y el 99% de lo destinado a la Unión Europea. La pérdida de ese mercado representa un golpe estructural para toda la cadena productiva.
Bedoya también advirtió sobre un efecto colateral: “Los cueros que se dejaron de comprar en Paraguay, ahora se compran en Brasil, que no tiene trazabilidad”, lo que plantea interrogantes sobre los verdaderos criterios detrás de las restricciones.
Este tipo de campañas internacionales reaviva el debate sobre posibles conflictos de intereses y injerencia externa en asuntos productivos nacionales. Un ejemplo reciente ocurrió en el sur de Chile, donde un reportaje de TVN reveló que una ONG noruega (Norwegian People’s Aid), financiada en gran parte por el Gobierno de Noruega, entregó más de 500 millones de pesos chilenos a comunidades lafkenche (pueblo mapuche). Estos fondos se destinaron a apoyar reclamaciones territoriales que, en la práctica, frenan o bloquean proyectos de salmoneras chilenas. Noruega es el principal competidor mundial de Chile en la producción y exportación de salmón, lo que generó fuertes acusaciones de competencia desleal y lobby encubierto para proteger su propia industria.
Casos como este alimentan las sospechas en Paraguay de que algunas campañas, aunque se presenten bajo banderas ambientales o de derechos humanos, pueden estar influenciadas por dinámicas de competencia global o intereses económicos externos.
El episodio deja al descubierto una tensión creciente entre activismo global, intereses económicos y soberanía productiva. Mientras tanto, Paraguay enfrenta las consecuencias inmediatas: un mercado cerrado, una industria golpeada y un debate abierto sobre quién fija, en última instancia, las reglas del juego.
