Una grave denuncia sacude al ámbito judicial y profesional en Rosario, Argentina, donde un grupo de abogados presentó una acusación penal contra una presunta red de psicólogas señaladas por la elaboración de informes falsos en causas de abuso sexual infantil. El caso, que comenzó a tomar forma en septiembre de 2025 ante el Ministerio Público de la Acusación, apunta a la existencia de un esquema sistemático de documentación irregular que habría tenido consecuencias directas en procesos judiciales sensibles.
Según la presentación, las profesionales habrían utilizado diagnósticos idénticos en distintos casos, con textos copiados de manera literal y estructuras repetidas, lo que sugiere el uso de “formularios prearmados” en lugar de evaluaciones individuales. Esta práctica, de comprobarse, podría haber derivado en decisiones judiciales basadas en informes sin sustento técnico real.
El impacto de estas actuaciones habría sido significativo: padres apartados de sus hijos durante años en base a acusaciones que, en algunos casos, terminaron siendo descartadas por la propia Justicia. La denuncia sostiene que estos informes fueron utilizados para sostener imputaciones graves sin un análisis clínico riguroso.
Las psicólogas señaladas —identificadas por sus iniciales P.B.A., G.R.S. y N.V.A.— estarían vinculadas a la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), con sede en Rosario. La organización se encuentra ahora bajo la lupa en el marco de la investigación.
En los últimos días, el caso dio un nuevo giro cuando el jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, resolvió reforzar el equipo investigador con la incorporación de dos nuevas fiscales. La decisión es interpretada como una señal de que la magnitud del presunto esquema podría ser mayor a la inicialmente detectada.
La causa abre interrogantes sobre los mecanismos de control en pericias psicológicas dentro del sistema judicial y sobre el impacto que informes defectuosos o manipulados pueden tener en procesos de alta sensibilidad, especialmente cuando involucran a menores y vínculos familiares. Mientras avanza la investigación, el caso promete generar un fuerte debate en torno a la responsabilidad profesional y el uso de herramientas técnicas en el ámbito judicial.
