La relación entre Argentina e Irán atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En una decisión de fuerte impacto diplomático, el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país.
La medida fue confirmada por la Cancillería a través de un comunicado oficial, en el que se detalló que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
Según explicaron fuentes oficiales, la decisión se apoya en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que permite a los Estados expulsar a representantes extranjeros sin necesidad de argumentar públicamente las razones.
La escalada se produjo tras el duro pronunciamiento del gobierno iraní, que reaccionó a la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas. En ese comunicado, Teherán aseguró que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la medida como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
El texto también cuestionó la legalidad de la decisión al sostener que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”. En el mismo tono, lanzó una advertencia que elevó la tensión: “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
Desde el Palacio San Martín respondieron con firmeza. En otro comunicado, la Cancillería sostuvo que las declaraciones del régimen iraní contienen “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
Además, el Gobierno consideró que dichos señalamientos implican “una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
En su respuesta, Argentina también volvió a poner el foco en la causa AMIA, uno de los principales puntos de conflicto histórico entre ambos países. El comunicado oficial advirtió que esta situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.
En esa línea, remarcó el “reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a exfuncionarios iraníes acusados por su presunta participación en los ataques terroristas de la década del 90.
La crisis se desarrolló en una secuencia acelerada. Primero, el Gobierno argentino avanzó en la calificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, basándose en antecedentes judiciales. Luego, Irán respondió con un comunicado de tono confrontativo. Finalmente, la Casa Rosada resolvió la expulsión del principal diplomático iraní en el país.
El conflicto se inscribe, además, en un contexto internacional complejo. La creciente tensión en Medio Oriente, con Estados Unidos e Israel enfrentados al régimen iraní, condiciona las posiciones diplomáticas. En ese escenario, la Argentina ha optado por un alineamiento explícito con Washington y Jerusalén.
Mientras tanto, el gobierno iraní rechaza las acusaciones y denuncia presiones externas. La Argentina, por su parte, sostiene su postura basada en decisiones judiciales y en la lucha contra el terrorismo.
