En una demostración de que la creatividad política no conoce límites —especialmente cuando se trata de regular lo que otros comen— la ciudad de Ámsterdam decidió que el verdadero problema del siglo XXI no es la inflación, la seguridad ni la crisis inmigratoria, sino… los carteles con fotos de carne. Desde el 1 de mayo, la capital neerlandesa prohibirá la publicidad de productos cárnicos y combustibles fósiles en espacios públicos y transporte, en lo que sus impulsores presentan como un paso “histórico” hacia la salvación climática.
La iniciativa fue promovida por GroenLinks y el Partido por los Animales, fuerzas que parecen convencidas de que el CO₂ retrocede ante la mera ausencia de vallas publicitarias. Según esta lógica, el planeta no necesita políticas energéticas realistas, por ejemplo: basta con retirar un cartel y listo, problema resuelto.
El argumento oficial sostiene que no se puede combatir el cambio climático mientras se promocionan productos “contaminantes”. La comparación estrella es con el tabaco, como si un churrasco tuviera el mismo estatus sanitario que un cigarrillo. Durante años se intentó instalar la idea de que la carne era casi una amenaza global, una especie de villano nutricional y ecológico. Pero esa narrativa, repetida con fervor casi religioso, hoy enfrenta cada vez más escepticismo público y científico. La realidad, incómoda para los cruzados del cartelismo verde, es que la gente no dejó de comer carne porque alguien la señalara con el dedo.
El experimento regulatorio no es aislado. Varias ciudades neerlandesas ya avanzaron en restricciones similares y en Francia existe desde 2022 una ley que prohíbe la publicidad de energías fósiles. El patrón es claro: cuando las políticas complejas resultan difíciles, siempre queda la opción de prohibir anuncios, que es más rápido y luce bien en titulares.
Ni siquiera dentro del propio gobierno de Países Bajos hay entusiasmo unánime. La ministra climática Sophie Hermans ha preferido que estas decisiones se tomen a nivel local y no nacional, quizá consciente de que convertir el espacio público en un catálogo de prohibiciones puede tener efectos secundarios poco populares. Por su parte, la vicealcaldesa Melanie van der Horst pidió un “período de transición razonable”, una forma elegante de admitir que hasta las buenas intenciones necesitan amortiguadores cuando chocan con la realidad.
La escena resulta casi caricaturesca: gobiernos que prometen cambiar el clima mundial empezando por borrar hamburguesas de los afiches. Mientras tanto, el ciudadano común asiste al espectáculo preguntándose si el próximo paso será prohibir el olor a parrilla en la vía pública. Tal vez sea hora de recuperar algo peligrosamente subversivo en la política contemporánea: el sentido común. Porque cuando las decisiones públicas se obsesionan con símbolos en lugar de soluciones, el riesgo no es solo el ridículo, es también gobernar en dirección contraria a la realidad.
