Lo que algunas asociaciones de militares y policías están planteando en el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal no es una defensa de derechos, sino una pretensión abierta de trasladar privilegios propios al bolsillo ajeno. Bajo el argumento de un déficit estimado en 380 millones de dólares y amparándose en la consigna de los “derechos adquiridos”, proponen soluciones que evitan cuidadosamente cualquier sacrificio propio y cargan el costo sobre terceros que nada tienen que ver con el problema.
La idea de que la Itaipú Binacional cubra el agujero financiero ya es cuestionable por sí sola. Pero la otra propuesta, la de crear una tasa sobre el uso de tierras agrícolas, resulta directamente inadmisible. En términos claros y sin eufemismos: que los productores paguen las jubilaciones anticipadas del personal militar. Es decir, que quienes trabajan, invierten, asumen riesgos productivos y sostienen buena parte de la economía nacional financien retiros privilegiados de sectores que se niegan siquiera a discutir un aumento razonable de su edad jubilatoria.
El núcleo del problema es que se rechaza trabajar hasta los 57 años, se rechaza aportar más a la propia caja, y al mismo tiempo se exige que otros trabajen más, produzcan más y paguen más impuestos para que nada cambie. No hay aquí defensa del interés general ni sentido de equidad. Hay una lógica corporativa que considera natural socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.
Resulta especialmente llamativa la liviandad con la que se habla de crear nuevos tributos. Son, como siempre, muy generosos con los bolsillos ajenos. Incluso se permiten el gesto de magnanimidad de pedir que la tasa sea “razonable”, como si el problema fuera el monto y no el principio. El abuso no está en el porcentaje, sino en la pretensión de que un sector productivo cargue con obligaciones que corresponden exclusivamente a otro.
Si el argumento es la sostenibilidad del sistema, entonces la discusión debe empezar por donde corresponde: más años de aporte, reglas equitativas y responsabilidad propia. Quien quiera jubilarse antes debe aportar más. Lo contrario no es justicia social ni respeto a derechos adquiridos; es simplemente usufructuar el trabajo de terceros con respaldo político y retórico.
En un país que necesita producir más, atraer inversiones y fortalecer su base fiscal sin asfixiarla, estas propuestas no solo son injustas: son profundamente dañinas. Defender privilegios con el dinero de otros no es una solución. Es parte del problema.
