Las protestas en Irán atraviesan ya su día número 18 en un clima de creciente represión y aislamiento informativo. El pasado sábado, el gobierno iraní profundizó el control interno al cortar las redes de internet y el suministro eléctrico en distintas zonas del país, dejando a la población prácticamente incomunicada entre sí y con el exterior.
En este contexto, comenzaron a circular informaciones contradictorias sobre el número de víctimas fatales. Medios estatales iraníes habrían difundido comunicados que reconocen alrededor de 2.000 muertes, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos estiman una cifra muy superior. Según estos organismos, el número total de fallecidos podría alcanzar las 12.000 personas.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) informó en una actualización previa que “al menos 10.721 personas han sido arrestadas” desde el inicio de las manifestaciones. De acuerdo con la organización, las protestas se registraron en 606 localidades distribuidas en las 31 provincias del país, lo que refleja la magnitud nacional del conflicto. Entre las víctimas fatales, HRANA confirmó que hay al menos nueve niños.
La gravedad de la situación se intensificó aún más tras conocerse la intención de las autoridades iraníes de ejecutar a un joven de 26 años, Erfan Soltani, detenido durante las protestas. El hombre fue penalizado por participar en las manifestaciones y, según trascendió, se le habría negado el acceso a un abogado defensor, lo que generó una fuerte alarma entre organizaciones de derechos humanos.
La combinación de represión, detenciones masivas, censura informativa y posibles ejecuciones ha encendido alertas a nivel internacional, mientras la comunidad global sigue con preocupación el desarrollo de una crisis que continúa escalando y cuyos efectos reales aún resultan difíciles de dimensionar debido al férreo control impuesto por el régimen iraní.
