La operación estadounidense contra Nicolás Maduro, presentada por la Casa Blanca como un acto de “ley y orden” para ejecutar una orden judicial por narcoterrorismo, no es una invasión ni un acto de agresión: es la justicia actuando contra un régimen criminal. Donald Trump lo enmarca con claridad: se trata del cumplimiento de una imputación penal abierta en los tribunales de Nueva York desde 2020, y no de un enfrentamiento bélico contra un jefe de Estado. Washington evita de esta forma los enredos políticos de la Resolución de Poderes de Guerra y se asegura de que la acción sea percibida como limitada, funcional y dirigida a proteger a los agentes encargados de ejecutar la ley.
Mientras Estados Unidos actúa con precisión legal y una estrategia clara, la izquierda internacional lanza acusaciones vacías de “violencia” mientras clama por la supuesta “soberanía” de Venezuela. Hipócritas, estos críticos guardaron silencio durante décadas frente a la violencia incontenible del régimen chavista, la persecución sistemática de opositores y el saqueo de recursos del país.
La “soberanía” que defiende la izquierda no es más que una fachada al servicio de una mafia que pisotea libertades fundamentales y mantiene a millones bajo opresión. No hay justificación moral ni política para proteger a un tirano, la única soberanía legítima es la que permite que los ciudadanos vivan libres y seguros, no la de una narcodictadura que se sostiene sobre el miedo y el crimen organizado.
En este contexto, la captura de Maduro no es un acto de imperialismo, sino un mensaje claro: Estados Unidos respalda la justicia, defiende los principios básicos de libertad y deja en evidencia la hipocresía de quienes intentan disfrazar el crimen y la opresión como “soberanía”. Es la afirmación de que la ley y el orden internacional no pueden ceder ante los abusos de una dictadura que se ha arrogado el derecho de someter a su propio pueblo.
