Un juicio laboral que involucra un presunto perjuicio de 2.629 millones de guaraníes se encuentra nuevamente en riesgo de paralización, ante una serie de maniobras procesales impulsadas por la defensa de las empresas demandadas, equipo en el que participa la exministra de Justicia, Cecilia Pérez.
A horas de que venza el plazo para la presentación de la acusación fiscal, se activaron nuevas chicanas que, según denuncian las víctimas, buscan impedir que la causa avance y que los responsables enfrenten la Justicia.
Recusaciones en cadena para frenar el proceso
En las últimas horas, la defensa presentó recusaciones dirigidas a:
- La jueza penal Jennifer Insfrán, quien tiene a su cargo la causa.
- El fiscal Orlando Paiva, lo que, de prosperar, dejaría el expediente sin representante del Ministerio Público justo cuando debe acusar.
- El juez laboral Elver Caballero, que actuó en la fase previa del conflicto.
La estrategia —según fuentes cercanas al caso— responde a un patrón: desplazar jueces y fiscales en el momento clave, evitando decisiones de fondo y estirando el proceso hasta límites críticos.
“Mañana vence el plazo para acusar y están chicaneando. Lo que corresponde es que sean declarados litigantes de mala fe, y que la Corte abra un sumario por estas maniobras”, señalaron desde el entorno de la parte afectada.
Temor a la impunidad en un perjuicio millonario
El caso se originó a partir de un reclamo laboral donde se denuncia un perjuicio por 2.629.600.000 guaraníes. Si el Ministerio Público no logra presentar la acusación dentro del plazo, el expediente podría ingresar en una zona gris repleta de nulidades y dilaciones que favorecerían a las empresas demandadas y a su defensa, encabezada por la exministra Pérez.
Fuentes jurídicas sostienen que la estrategia apunta a forzar un vacío procesal, dejando al caso sin juez ni fiscal hábiles para avanzar. De ocurrir, la causa quedaría temporalmente paralizada, algo que podría extenderse por meses y abrir la puerta a la prescripción.
Piden acción inmediata a la Corte y al Ministerio Público
Los denunciantes exhortan a los organismos de control a no permitir que las chicanas se conviertan en un mecanismo de impunidad.
Aseguran que la Corte Suprema debe intervenir con firmeza, declarando litigio de mala fe y abriendo sumarios administrativos contra quienes utilizan recusaciones sin sustento jurídico real para bloquear la justicia.
“No es posible que se utilicen herramientas procesales para enterrar causas millonarias. La ciudadanía está cansada de ver cómo ciertos sectores manipulan el sistema para evitar rendir cuentas”, afirmaron.
Mañana será un punto de inflexión: si la acusación no se presenta a tiempo, el riesgo de que el caso quede estancado —beneficiando directamente a las empresas demandadas y a su equipo jurídico, donde participa Cecilia Pérez— será real y palpable.
