El Ministerio de la Mujer, encabezado por Alicia Pomata, generó una fuerte polémica tras la difusión de un aviso institucional que, como mínimo, resulta imprudente y jurídicamente cuestionable. En la publicación, la institución pregunta si “alguien te obliga a tener un embarazo”, calificando ese escenario como uno de los supuestos “tipos de violencia reproductiva que muchas veces se intenta justificar”.
La formulación del mensaje no solo es ambiguamente provocadora, sino que además omite deliberadamente un aspecto esencial de nuestro orden jurídico: en Paraguay, interrumpir un embarazo constituye un delito. Al plantear la idea de que “obligar a alguien a tener un embarazo” constituye violencia, el Ministerio deja entrever —aunque no lo diga explícitamente— que la alternativa sería no continuarlo, es decir, abortar, normalizando implícitamente una conducta penalmente sancionada.
Esta lectura no es menor. La Constitución Nacional establece sin dobles interpretaciones que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general, y en particular desde el momento de la concepción”. Por lo tanto, cualquier comunicación del Estado que relativice este mandato o insinúe caminos contrarios al marco constitucional contradice de manera directa el orden jurídico paraguayo.
En lugar de promover una reflexión seria sobre las verdaderas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas, el Ministerio optó por un mensaje que reduce la complejidad del tema y que, además, abre la puerta a interpretaciones peligrosas, especialmente tratándose de un organismo oficial cuyo deber es ajustarse a la ley y no generar confusión social.
La polémica publicación vuelve a encender un debate que, en Paraguay, sigue siendo claro desde lo jurídico y lo constitucional, aunque ciertos sectores intenten instalarlo nuevamente por la vía comunicacional del Estado.
