Una grave polémica se desató luego de que el diputado Mauricio Espínola extendiera una invitación oficial a Yennifer González López, una ciudadana con antecedentes judiciales en Argentina, para participar de una audiencia pública organizada por la Cámara de Diputados en el marco de las movilizaciones de la autodenominada “Generación Z”.
González López enfrenta acusaciones en Buenos Aires por un caso de robo agravado con arma de fuego en 2022, motivo por el cual es considerada prófuga de la justicia del vecino país. Pero el escándalo no termina allí. Durante las recientes manifestaciones juveniles en Paraguay, la mujer habría amenazado en un chat grupal con inyectar jeringas infectadas con VIH a otros manifestantes, según muestran capturas de pantalla que circularon en redes sociales semanas atrás.
Pese a este prontuario y a la gravedad de las denuncias, se trata de un gesto que no solo genera estupor, sino que plantea serios cuestionamientos sobre los filtros institucionales y el criterio político del legislador oficialista.
La presencia de una prófuga de la justicia argentina en un espacio oficial del Parlamento paraguayo no puede considerarse un simple “error administrativo”. Se trata de un hecho que compromete la seriedad de la institución y deja al descubierto la temeraria alianza política entre algunos sectores del coloradismo opositor y grupos radicalizados, que no dudan en legitimar voces con antecedentes delictivos para darles tribuna política.
El caso González López pone en evidencia la peligrosa liviandad con la que ciertos actores políticos están dispuestos a sacrificar la institucionalidad y la seguridad pública en nombre de la “movilización juvenil”, y abre un serio debate sobre la responsabilidad política del diputado Mauricio Espínola.
