La exsenadora Kattya González parece haber encontrado un nuevo hobby: exportar disturbios. En lugar de ideas, proyectos o soluciones, ahora cita los episodios de violencia en Indonesia como “ejemplo” para el Paraguay, secundada por un puñado de autodenominados “influencers” y analistas políticos con posgrado en ChatGPT, cuya mayor militancia se libra desde un celular con buena conexión a internet.
Lo que en Indonesia dejó muertos, heridos y destrucción, aquí se presenta como si fuera un modelo de ciudadanía responsable. A ese nivel de cinismo hemos llegado.
Conviene recordarles que en Paraguay la ley es clara: el artículo 311 del Código Penal sanciona la instigación pública a cometer hechos punibles, y el artículo 308 va aún más lejos, castigando los intentos de atentar contra el orden constitucional. Es decir, jugar con la idea de “copiar” disturbios violentos no es rebeldía romántica: es delito.
La Fiscalía no puede seguir mirando para otro lado. Si ciudadanos comunes terminan procesados por mucho menos, ¿por qué el silencio cuando figuras públicas incitan a la desestabilización? ¿O acaso la ley solo rige para algunos?
Mientras el paraguayo de a pie se levanta todos los días a trabajar para sostener a su familia, ciertos “referentes” prefieren incendiar las redes y, de paso, tentar a que se incendien también las calles. El problema es que cuando corra sangre —porque siempre corre en estos casos— no serán ellos quienes paguen la cuenta, sino la gente común.
Es hora de que la Fiscalía actúe con responsabilidad y sin favoritismos. Porque si a los políticos frustrados y a los influencers de escritorio se les deja instalar la narrativa de la insurrección como algo legítimo, mañana ya no hablaremos de democracia, sino de anarquía organizada.
