Una reciente encuesta de la consultora Ati Snead, correspondiente al mes de julio de 2025, revela una creciente insatisfacción ciudadana respecto a la gestión del presidente Santiago Peña, en un contexto marcado por la persistencia de los problemas económicos y sociales que afectan al país.
Con una muestra de 1.800 casos, el sondeo consultó a los ciudadanos sobre los principales problemas que enfrentan actualmente. En primer lugar, un 23,2 % señaló a los precios altos de la canasta básica como su mayor preocupación. En segundo lugar, con 17,7 %, aparece el estado del sistema de salud, reflejando una demanda persistente por mejores servicios médicos y mayor cobertura.
Ante la pregunta “¿Qué espera de la gestión del presidente Santiago Peña?”, el 16,2 % de los encuestados expresó que su principal expectativa es la reducción de los precios de la canasta básica, mientras que el 13,7 % manifestó su esperanza en una mejora general de la economía, lo que demuestra que el foco de la ciudadanía sigue siendo la situación económica cotidiana.
En cuanto a la evaluación directa del mandatario, el 51,1 % de los encuestados rechaza su gestión hasta el momento, marcando un aumento en la desaprobación respecto a una medición anterior, realizada en diciembre de 2024, cuando el rechazo era del 48,6 %. Este crecimiento en el descontento refleja una tendencia preocupante para el Ejecutivo, a poco menos de dos años del inicio del mandato.
No obstante, algunos programas del gobierno sí reciben niveles de aprobación positivos. Entre los más valorados por los ciudadanos se destacan: el aumento en la recaudación tributaria, los programas de viviendas sociales, y el plan Hambre Cero, que busca erradicar la desnutrición infantil y garantizar alimentación escolar en todo el país. Estas iniciativas son vistas como pasos importantes hacia una mayor equidad social y una administración más eficiente.
Los datos de la encuesta consolidan la percepción de una ciudadanía cada vez más exigente, que reclama respuestas concretas frente a la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y la necesidad de fortalecer servicios públicos esenciales como la salud. En este escenario, el desafío para el gobierno es claro: reconectar con las prioridades reales de la gente y ofrecer soluciones visibles y eficaces en el corto plazo.
