El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, salió al cruce de las graves acusaciones que lo vinculan con la existencia de cuentas bancarias millonarias en el paraíso fiscal de Seychelles, desmintiendo categóricamente la información. Sin embargo, en su desmentida, el exmandatario erró el blanco al responsabilizar al Grupo Nación como fuente de la denuncia, cuando en realidad la investigación fue realizada por medios argentinos y difundida por el periodista de investigación Luis Gasulla.
“No existen ni existieron cuentas bancarias a mi nombre en Seychelles”, aseguró Abdo a través de un comunicado. “Nunca constituí sociedades ni abrí cuentas en estados considerados como paraísos fiscales, incluido dicho país”, agregó.
La denuncia original, publicada en medios de Argentina, señala la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos que superarían los 20 millones de dólares, presuntamente vinculadas a Abdo y a su esposa, Silvana López Moreira. Las cuentas estarían radicadas en Seychelles, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo. Según la investigación, una de las cuentas habría sido abierta en noviembre de 2022, cuando Abdo aún era presidente, y la otra en septiembre de 2023, justo un mes después de dejar el cargo.
A pesar de la contundencia de la denuncia, el exmandatario no respondió a los detalles específicos revelados por la investigación argentina, como los números de cuenta ni el vínculo con la firma Exchange Contracts International Finance Limited, mencionada en los documentos filtrados.
“Reafirmo mi compromiso con la verdad y con la lucha por un Paraguay sin mafias”, finaliza el comunicado.
La polémica continúa abierta, y mientras la ciudadanía espera una respuesta judicial o institucional, la desmentida del expresidente parece haber encendido aún más el debate. Especialistas consultados señalan que el acceso a cuentas en paraísos fiscales, aunque no es delito por sí mismo, puede dar lugar a investigaciones por lavado de dinero, evasión o enriquecimiento ilícito si no están debidamente declaradas.
Por el momento, ni el Ministerio Público ni la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) se han pronunciado oficialmente. Sin embargo, en un país donde la desconfianza hacia la clase política es creciente, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años.
