En el corazón de Luque, se desarrolla un escándalo que interpela directamente al sistema judicial del país. Un padre lleva dos años clamando por justicia en un caso de abuso sexual infantil que involucra a su ex pareja —madre de uno de los menores y madrastra del otro— imputada por presuntamente haber abusado de ambos cuando tenían apenas 3 y 11 años. Lejos de actuar con la severidad que exige la gravedad del hecho, el Ministerio Público ha protagonizado un entramado de irregularidades, omisiones y posibles encubrimientos que hoy indignan a quienes siguen de cerca el caso.
El periodista Ricky Alderete, quien viene investigando de forma independiente el expediente, advirtió: “Si me preguntan, creo que la están encubriendo. ¿Por qué? No sabría decirles. Pero este caso es mucho más grave de lo que te cuento”. No se trata solamente de abuso: en un allanamiento se incautaron dispositivos electrónicos que habrían contenido material de pornografía infantil, pero, según un peritaje oficial, fueron encendidos y manipulados dentro del propio laboratorio forense de la Fiscalía antes de la extracción legal de datos, violando la cadena de custodia y eliminando información clave.
A pesar de la existencia de informes forenses de profesionales reconocidos como la Dra. Graciela Zelada, que confirman que el niño fue víctima de abuso severo, el Ministerio Público desoyó los dictámenes y promovió el sobreseimiento de la imputada. Incluso, una segunda denuncia realizada en 2023, en la que el niño identificó a otro agresor —presuntamente registrado en fotografías— tampoco generó acciones firmes por parte de la Fiscalía.
“Este caso no es solo sobre una madre que abusó de su hijo y lo expuso a un abuso sistemático con terceros. Es sobre un sistema que falla a las víctimas y protege a los victimarios”, resume Alderete, quien también cuestiona que el propio Fiscal General del Estado haya decidido remitir los expedientes de la mujer investigada a una unidad de Violencia Doméstica y de Género, a pesar de que las víctimas son niños y no la mujer. Esta decisión obligó a la defensa a denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los fiscales que integran dicha unidad.
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