Tras una serie de ataques cibernéticos dirigidos a los servidores del Estado paraguayo, cada vez más ciudadanos están reportando la recepción de mensajes sospechosos vía WhatsApp, en los que se les solicita “códigos de registro” con supuestas finalidades de seguridad o verificación. Esta maniobra, conocida como “phishing”, busca vulnerar las cuentas de WhatsApp, correos electrónicos y otras aplicaciones personales, dejando a los usuarios expuestos a robos de identidad, extorsiones y otros delitos digitales.
En la mayoría de los casos, los atacantes se valen de ingeniería social para engañar a usuarios desprevenidos. Basta con que una persona comparta el código de verificación enviado por la plataforma para que pierda acceso total a su cuenta. En paralelo, las autoridades siguen sin brindar herramientas de contención ni información precisa sobre el alcance real de los hackeos sufridos en distintas dependencias del Estado.
El silencio oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) es tan preocupante como su aparente inoperancia. En lugar de emitir alertas públicas, informar a la ciudadanía y fortalecer los protocolos de ciberseguridad, el organismo permanece en una pasividad inexplicable, incluso después de que se detectaran vulneraciones a servidores de entes públicos clave.
La ciudadanía está sola
En un contexto de creciente digitalización, donde trámites, datos personales y comunicaciones dependen del ecosistema virtual, es inaceptable que no existan mecanismos claros de protección. Lo mínimo exigible sería una campaña nacional de prevención, acompañada de una auditoría técnica seria que identifique las fallas estructurales en la ciberseguridad del Estado.
Sin embargo, al día de hoy, ni los responsables de MITIC ni otros organismos afectados han dado respuestas contundentes. En cambio, el resultado visible es la creciente sensación de indefensión de los paraguayos frente a una amenaza que combina el delito cibernético con la negligencia estatal.
