El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de emitir una histórica resolución que expone al régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo por crímenes sistemáticos contra la población de la isla de Annobón, actualmente militarizada y sometida a un apagón informativo absoluto.
En su dictamen, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ordenó la liberación inmediata de 37 annoboneses secuestrados y torturados, muchos de ellos incomunicados por meses, y exigió al Estado una indemnización, una investigación penal contra los responsables y la difusión pública de la condena. La resolución -un triunfo legal del abogado Aitor Martínez Jiménez y el primer ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar– fue notificada el 10 de junio y ese mismo día el régimen anunció la liberación forzada de los secuestrados.
Las Naciones Unidas confirmaron que las detenciones fueron arbitrarias por motivos étnicos, culturales y nacionales, lo que implica un acto de persecución racial. Se trata de una de las formas más graves de violación a los derechos humanos reconocidas por el sistema internacional.
Las víctimas —entre ellas artistas, docentes y referentes comunitarios— fueron brutalmente reprimidas tras protestar por la contaminación ambiental, la destrucción de viviendas y el saqueo de recursos naturales en la isla. Al día de hoy, Annobón se encuentra bajo ocupación militar, sin acceso a internet ni teléfono, y con una población sometida al miedo, el hambre y la represión.
Esta resolución no sólo da la razón a los reclamos de Annobón, sino que exige una respuesta concreta de la comunidad internacional para terminar con décadas de silencio, colonialismo encubierto y violencia estatal.
