Las protestas contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) están escalando en intensidad y cobertura mediática. Al igual que ocurrió en 2020 con las marchas del movimiento Black Lives Matter (BLM), este nuevo ciclo de movilizaciones no surge de manera espontánea: está orquestado, financiado y convenientemente amplificado para generar caos, victimismo selectivo y agitación política.
Las consignas son conocidas: “abolir el ICE”, “nadie es ilegal”, “no más deportaciones”. Y los métodos también: cortes de ruta, tomas simbólicas, ataques verbales a agentes federales, cobertura favorable por parte de medios progresistas y un relato emocional cuidadosamente construido. Lo que se omite, sin embargo, es que el ICE no persigue “sueños”, sino criminales con antecedentes, ingreso irregular reciente, redes de tráfico humano y estafadores migratorios.
Bajo la bandera de los “derechos humanos”, los organizadores de estas marchas buscan algo más que proteger a los inmigrantes: apuntar directamente a Donald Trump y a cualquier intento de restaurar el orden migratorio. En este marco, el ICE es presentado como un brazo “represivo”, cuando en realidad cumple funciones esenciales para proteger las fronteras y el sistema legal migratorio del país.
El nuevo ciclo de marchas contra el ICE no es una lucha por derechos: es una estrategia de presión política. Un nuevo BLM disfrazado de causa humanitaria, que pretende deslegitimar las funciones esenciales del Estado en nombre del progresismo. Como en toda operación de agitación ideológica, la víctima no es el sistema: la víctima es la verdad.
