Las revelaciones del excanciller colombiano Álvaro Leyva sacuden a la administración de Gustavo Petro y abren un debate profundo y urgente sobre los límites de la vida privada de un mandatario cuando ésta comienza a afectar la conducción del Estado. En una carta difundida públicamente tras su renuncia, Leyva expone una realidad que, hasta ahora, era solo objeto de rumores: el presidente de Colombia tendría serios problemas con las drogas.
Leyva, figura histórica de la política colombiana, comienza su misiva recordando sus primeros vínculos con Petro, incluyendo su pasado en el grupo terrorista M-19 y su llegada a la Cancillería. Pero el corazón del documento está en lo que describe como un episodio vergonzoso: el presidente Petro habría estado desaparecido durante dos días en París y tuvo que ser rescatado por la inteligencia francesa. Aunque no detalla el lugar en el que fue hallado, asegura que fue bochornoso y que el presidente “tiene un problema serio con las drogas”.
Durante años, se especuló sobre el comportamiento errático del jefe de Estado colombiano. Su incoherencia discursiva, ausencias inexplicadas y cambios de humor habían alimentado sospechas. Hoy, sin embargo, no se trata de un opositor o de un periodista quien lo señala, sino de su propio excanciller, una figura de peso dentro del gobierno que considera su deber hacer público el asunto por la gravedad que implica.
La carta también arroja luz sobre otra situación alarmante: Leyva sugiere que la actual canciller, Laura Sarabia, sería la amante del presidente, y que ha ocupado múltiples cargos, incluyendo roles que implicarían funciones más personales que institucionales. Esta declaración, de confirmarse, pondría al país ante un escenario de descomposición moral y administrativa sin precedentes.
En democracia, la transparencia no es una opción, es una exigencia. Y lo que está en juego no es la vida íntima de Gustavo Petro, sino la salud institucional de un país entero. ¿Puede alguien con problemas graves de adicción liderar una nación con la estabilidad que requiere el ejercicio del poder? ¿Cuáles son los riesgos para la política exterior, la seguridad interna y la economía de una Colombia gobernada por alguien que, según su propio excanciller, no puede mantener el control ni siquiera sobre su persona?
El caso Petro debe llamar a la reflexión. Porque más allá de banderías políticas, está en juego la confianza pública, la soberanía nacional y, en última instancia, el destino de millones de ciudadanos. Un país no puede estar a merced de impulsos, ausencias y escándalos. No se trata de juzgar a una persona enferma, sino de entender que no todo el mundo puede —ni debe— ejercer el poder.
