El gobierno de Joe Biden llevó adelante una serie de iniciativas que, según el watchdog Media Research Center (MRC), atentan directamente contra la libertad de expresión de los estadounidenses. En su informe, el MRC documenta 57 acciones emprendidas por la administración demócrata con el objetivo de controlar el discurso público, limitando el debate abierto y censurando opiniones disidentes.
Uno de los aspectos más alarmantes de este reporte es el uso del aparato estatal para presionar a las grandes plataformas tecnológicas y forzarlas a censurar contenido que no se alinea con la narrativa oficial. Desde los inicios de su mandato, Biden ha promovido una estrecha colaboración entre su administración y empresas como Facebook, Twitter y Google, exigiendo la eliminación de publicaciones, cuentas y hasta de medios enteros que desafían sus políticas. Este tipo de interferencia gubernamental no solo sienta un precedente peligroso, sino que también constituye un abuso de poder que pone en jaque los principios democráticos más fundamentales.
El informe del MRC también revela cómo la administración Biden instrumentalizó agencias federales para vigilar y reprimir el discurso. Se ha acusado al Departamento de Seguridad Nacional y al FBI de coordinar esfuerzos con redes sociales para etiquetar ciertos discursos como «desinformación» y justificar su eliminación. Estas prácticas, lejos de proteger la seguridad nacional, representan una estrategia para acallar opositores políticos y críticos del gobierno.
Bajo el pretexto de combatir la «desinformación», la administración Biden ha justificado medidas draconianas que afectan la pluralidad de ideas. En particular, el intento de establecer una «Junta de Gobernanza de la Desinformación» dentro del Departamento de Seguridad Nacional desató una fuerte reacción pública, forzando su disolución.
