Por Noelia Quintana Schäffer
Nunca debemos olvidar, que nuestro sistema democrático, esta sostenido sobre tres pilares fundamentales, libertad, justicia e igualdad, sin embargo, debemos de considerar, que significan estos tres pilares, como están conectados, y donde se halla el punto de unión entre los derechos de los habitantes y el sistema de justicia ejercido por el Poder Judicial como uno de los poderes del Estado.
La libertad se refiere, al derecho fundamental que posee todo individuo desde su nacimiento, la libertad es la condición de que el ser humano viva, se desarrolle y socialice en libertad plena, en base a su voluntad individual, siempre y cuando, esa voluntad, materializada en su conducta no afecte derechos de otros y a la vez no desobedezca la ley. La justicia, según el gran jurisconsulto romano ULPIANO, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde (en derecho, agregamos); sin embargo, ese silogismo romano, data del siglo III, empero, sigue siendo la definición más ajustada de todas las definiciones dadas a la justicia. Y por último, pero no menos importante: La igualdad, es el derecho de todos los seres humanos a ser tratados de manera igualitaria, sin discriminaciones ni favoritismos.
Los tres pilares de la democracia: libertad, justicia e igualdad, se hallan conectados por nuestra Constitución Nacional, que es la ley suprema de la nación, y nuestra Constitución, convierte a estos pilares, en derechos fundamentales que poseemos todos los seres humanos por igual y sin distinción alguna, por ende todos los habitantes de la Republica del Paraguay tenemos igual derecho a la libertad, de acceder y obtener justicia y de derecho a la igualdad. Es por ello, que la ley superior, establece en su artículo 46 que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos” y en el artículo 46 recalca ”El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen y la igualdad ante las leyes”; y el articulo 247 establece: “El Poder Judicial es custodio de la Constitución Nacional, la interpreta, la cumple y la hace cumplir”, pero su interpretación, no puede apartarse de asegurar los fines de la libertad, la igualdad y la justicia.
Por ende, todo proyecto de ley, que contrarie estas disposiciones establecidas en la ley madre, no podrían ser viables en un estado de derecho, cuya democracia esta sostenida, sobre los pilares que a la vez, otorgan iguales derechos a todos los habitantes del país, desde su nacimiento, niñez, adolescencia, edad adulta, hasta la vejez. La ley que procura crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer, al pretender ser una jurisdicción exclusiva para tratar cuestiones atinentes a derechos femeninos, vulnera la garantía del derecho de acceso igualitario a la justicia tanto para hombres y mujeres de todas las edades, raza, credo, color, etc.
La justicia es una sola, la justicia no puede ser dividida en dos categorías, o en dos partes, porque seria dividir y quebrar el pilar fundamental del derecho a la igualdad sobre el que se sostiene la democracia, por lo tanto, los pilares de la justicia y de la libertad también se verán afectados, pues al no haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres para acceder a la justicia, obviamente habrán injusticias y por ende las libertades de seres humanos que gozan del derecho de presunción de inocencia, como el derecho de igualdad ante la ley, se verán afectados, solo por pertenecer al sexo masculino, el cual será discriminado por estos juzgados especializados, siendo excluidos incluso desde su nacimiento, solo por el hecho de haber nacido varones, eso se denomina sexismo, es discriminar por sexo, y la discriminación (de cualquier tipo) no esta permitida por nuestra Cosntitucion Nacional.
Por lo que, dicho proyecto de ley, que pretende crear Juzgados y Tribunales especializados en violencia contra las mujeres, es un atentado directo a nuestro sistema democrático, y aquellos políticos quienes son los promotores del mismo, están actuando en contra de los derechos del pueblo paraguayo y de la propia Constitución Nacional, que juraron observar, así como el velar por su debido cumplimiento.
