El exfutbolista campeón de América con Olimpia fue denunciado por estafa, luego de haber cobrado 650.000.000 de guaraníes por unos terrenos que nunca entregó y que no figuraban a su nombre.
Según la denuncia presentada por el damnificado, Manuel Jesús Irala, con patrocinio del abogado Diego Mayor, el exjugador habría realizado una operación inmobiliaria por 6 lotes en la ciudad de San Bernardino por un total de 1.050 millones de guaraníes. Hasta el momento de la denuncia, Talavera habría recibido un total de 650 millones, y al reclamar el saldo, el comprador exigió que se formalizaran los documentos y se realizara la transferencia de la titularidad. Fue entonces cuando comenzaron los problemas para Irala.
En primer lugar, los terrenos «vendidos» no estaban a nombre de Hugo Ricardo Talavera, sino a nombre de Juan Barba desde el año 2014. Además, Barba resultó ser el abogado de Talavera. Como si esto no fuera suficiente, los terrenos estaban embargados por la Municipalidad de San Bernardino debido a deudas de impuestos.
Ante el pedido de explicaciones, entra en escena Hugo Talavera (hijo) y le comunica a Irala que los terrenos, por los que habían sido pagados 650 millones de guaraníes, ahora no estaban en venta. Además, alegó que no tenían el dinero para devolver, por lo que el damnificado debía gestionar una financiera que les prestara el dinero para poder devolverlo.
La familia Talavera también hizo otras propuestas, como ofrecer distintas propiedades en varios emprendimientos, como «Julieta Village», «DISA Emprendimientos», «Hupi Constructora» y «Palina Village.» Sin embargo, estos proyectos ni siquiera habían comenzado a construirse y algunos están suspendidos por falta de permisos municipales.
En resumen, la familia Talavera es acusada de una estafa relacionada con la venta de terrenos que no estaban a nombre del exjugador Hugo Talavera y que, además, estaban embargados por deudas municipales. Tras recibir un pago parcial, los Talavera se negaron a completar la transacción y ofrecieron propiedades en emprendimientos no desarrollados ni autorizados, dejando al comprador en una situación de pérdida económica y legal. Esta serie de acciones plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de sus prácticas comerciales.
