Este viernes, entra en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, la primera ley para el control del sector tecnológico y que nace con el objetivo de controlar el relato en las grandes plataformas tecnológicas.
En total, la medida afectará a 45 millones de usuarios, según los datos que maneja la Comisión Europea. «Confiamos además en una colaboración constante de las empresas, esta es una cuestión que va en beneficio de los usuarios, no contra nadie», aseguran las fuentes comunitarias que hablaron al respecto.
Al tratarse de una medida pionera en el mundo, las compañías no se han mostrado demasiado satisfechas, e incluso algunas como Amazon han presentado recursos ante el Tribunal de General de la UE la decisión de la Comisión, ya que consideran que no se ajustan a esta definición y buscan evitar que se les aplique la normativa de la nueva ley.
Las plataformas tienen hasta este viernes para presentar su primer ejercicio anual de evaluación, «encaminado a reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública». Además, deberán presentar sus informes de transparencia en un plazo de dos meses.
El Parlamento Europeo defendió a capa y espada esta medida para que las grandes tecnológicas no campen a sus anchas. «Lo que está claro es que la autorregulación no ha funcionado y cuando esto pasa queda claro que hay que regular. Los datos personales son personales y uno tiene que decidir a quién los entrega, pero esa entrega tiene que ser consciente y libre porque esos datos personales son la materia prima del mundo digital», comentó en una entrevista a este medio el eurodiputado de Ciudadanos (izquierda), Jordi Cañas.
