Los «principios del 8 de marzo», como se les llama establecen, según sus autores, un enfoque basado en los derechos humanos para las leyes que penalizan la conducta en relación con el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la falta de vivienda y la pobreza.
Escrito por el Comité Internacional de Juristas (CIJ), ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el informe fue publicado en el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de guiar «la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho penal». Llamados los «principios del 8 de marzo», el informe pide que se despenalicen los delitos relacionados con «sexo, uso de drogas, VIH, salud sexual y reproductiva, falta de vivienda y pobreza».
Los «expertos» dicen que penalizar los delitos relacionados con estos temas constituye un ataque a los derechos humanos.
«El derecho penal es una de las herramientas más duras a disposición del Estado para ejercer control sobre las personas… como tal, debería ser una medida de último recurso, sin embargo, a nivel mundial, ha habido una tendencia creciente hacia la criminalización excesiva», dijo Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, en el comunicado de prensa. «Debemos reconocer que estas leyes no solo violan los derechos humanos, sino también los principios fundamentales del derecho penal».
Si bien en la superficie, puede parecer relativamente poco controvertido, el informe pide que se despenalice el sexo entre adultos y menores, siempre y cuando los menores «den su consentimiento»:
Con respecto a la aplicación del derecho penal, toda edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La aplicación no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o a la edad de consentimiento para contraer matrimonio. Además, la conducta sexual que involucra a personas que no tienen la edad mínima prescrita para el sexo en el país puede ser consensual, de hecho, si no en la ley. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de los menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en una conducta sexual consentida y su derecho a ser escuchados en asuntos que les conciernen.
Principio 16 – Conducta Sexual Consensuada
De conformidad con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, los menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y prestando especial atención a las garantías de no discriminación.
Principio 16 – Conducta Sexual Consensuada
Los menores, por supuesto, no pueden consentir realmente tener relaciones sexuales con un adulto, algo que estos llamados expertos deberían saber. El informe también pide que sean abolidas todas las leyes penales relacionadas con el trabajo sexual, lo que podría servir fácilmente para ayudar a los traficantes, proxenetas y abusadores.
A su vez, esto también sirve a la industria del aborto, que ha ayudado a los traficantes y abusadores al no denunciar sospechas de abuso y devolver a las víctimas a sus abusadores después de sus abortos. La despenalización del trabajo sexual, los delitos sexuales contra menores y el aborto solo serviría para satisfacer doblemente a los traficantes y abusadores, que se sabe que usan el aborto como un medio para encubrir sus crímenes.
Además, la salud reproductiva es un eslogan para el aborto, del cual las Naciones Unidas son un ávido partidario. La ONU ha promovido durante mucho tiempo el aborto como un llamado «derecho humano».
