Tal como ocurre en países como Cuba o Venezuela, los periodistas bolivianos están ahora ante a la posibilidad de ser enviados a la cárcel si difunden mensajes que «inquieten» a la población, según dos leyes que el gobierno de Luis Arce ha enviado al parlamento.
La Asociación Nacional de Periodistas se ha declarado en estado de emergencia y ha anunciado que no tolerará que el gobierno suplante o ignore la Ley de Imprenta, que protege la libertad de expresión desde 1925, ya que las sanciones están escondidas en leyes referidas al “enriquecimiento ilícito” y la protección de los “derechos humanos”.
Uno de los proyectos dice que el periodista que difundiere mensajes que inquieten a la población será sancionado con 25 años de cárcel, mientras que el segundo establece ocho años, y no podrá acogerse a la Ley de Imprenta, que prevé el funcionamiento de “tribunales de imprenta” para estas circunstancias.
El primer proyecto incluye este párrafo: “Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Los periodistas señalan que “no es la primera vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) pone de manifiesto sus pretensiones autoritarias con las que pretende silenciar el trabajo de la prensa, por los que declaramos estado de emergencia a nivel nacional”.
