El juez de la Corte Suprema de Justicia (STF) aliado de Lula, Alexandre de Moraes, determinó el jueves pasado la prohibición en todo el país de protestar y facultó a las autoridades públicas a impedir cualquier tipo de reunión en la vía pública que pueda escalar a una protesta.
Moraes citó el ataque al Congreso Nacional y los demás poderes que ocurrió el pasado domingo como una razón para ilegalizar de facto las protestas. Según la orden judicial, para desbaratar una protesta, las autoridades simplemente deben justificar que tienen la sospecha de que se incurrirá en el bloqueo de rutas o en la irrupción de edificios públicos.
La decisión prevé una multa de R$ 20.000 para las personas físicas y de R$ 100.000 para las empresas que incumplan estas órdenes. La prohibición también se aplica a los bloqueos o invasiones que interrumpen el tráfico o el acceso a los edificios públicos.
La medida pide que se arreste cualquier persona que obstruya una ruta o que invada edificios públicos (o que se sospeche que lo va a hacer), además de incautar los vehículos de las personas implicadas y el bloqueo de canales y perfiles en grupos de Telegram y WhatsApp donde se pueda llegar a convocar este tipo de actos.
Con información de la Derecha Diario
