Después de casi dieciséis años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no pudo aplicar el rodillo parlamentario en la aprobación del Presupuesto General del Estado 2023. Pero no estamos frente a una toma de conciencia respecto a los problemas de la débil economía boliviana, sino a una disputa de poder entre las dos facciones del MAS. Una que responde, con una fidelidad que raya en lo sectario, al caudillo cocalero. La otra que busca consolidar sus cargos y espacios de poder alrededor de Luis Arce Catacora.
Las dos alas enfrentadas no planean resolver sus diferencias dentro del debate parlamentario sobre temas financieros o impositivos, sino, fiel a su naturaleza delincuencial, mediante el terrorismo callejero. Al respecto, Rolando Cuellar, diputado de la línea de Arce Catacora, convocó a los sectores sociales para hostigar y golpear a los diputados fieles a Evo Morales.
Pero al margen de las anécdotas criminosas de los pandilleros que tienen secuestrada a Bolivia, el Presupuesto General del Estado 2023 refleja algo que varios economistas ya habíamos advertido allá por el 2013: El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), adoptado desde la gestión 2006, no era nada más que el gasto estatal irresponsable, primero sostenido en la renta gasífera, luego en el endeudamiento crónico.
De hecho, para el 2023 el PGE contempla un déficit fiscal del 7.49%, con lo cual el país llevaría una década en déficit. Como los ingresos del Estado no alcanzarán para cubrir sus gastos, el 2023 el régimen gastará casi $us 19 millones al día sólo en sueldos y salarios, aquí empieza lo terrorífico, la dictadura planea recibir $us 4000 millones de fuentes externas y $us 9700 millones de fuentes internas. Se la pongo en fácil, nos van a seguir hipotecando el futuro con créditos internacionales y, ahora con la gestora de jubilaciones del Estado, van a despilfarrar nuestros ahorros para la vejez.
Respecto a los problemas en el PGE 2023, el economista Antonio Saravia, en un artículo titulado: Otro año, otro presupuesto del horror, expresó lo siguiente:
El segundo rubro más importante de los ingresos, después de la deuda, es el de los ingresos de operación (25%). El tercero son los impuestos que paga el ciudadano y las empresas de a pie como el IVA, IT, etc. (21%). Note entonces que, como pasaba el año pasado, las rentas petroleras (IDH e IEHD) ya no financian al Gobierno. Éstas representan sólo el 2,7% de los ingresos. Considerando además que sólo el 30% de la economía es formal y paga impuestos, la fiesta y el derroche lo están pagando un segmento muy chico de la economía. Hay algunos elementos nuevos en este PGE que elevan los decibeles de pánico. Está, por ejemplo, el hecho de permitirle a YPFB vender sus ingresos futuros a cambio de financiamiento corriente. Ésta es una medida desesperada que manda una pésima señal sobre las arcas de la empresa pública más importante del país.
Como si no fuera suficiente, el último reporte del Banco Central nos muestra que las Reservas Internacionales se encuentran en $us 800 millones. Si consideramos que el próximo año el país tiene que pagar $us 1.800 millones de bonos emitidos anteriormente, estaríamos frente a un desastre mayúsculo.
Los datos desmontan los mitos sobre la economía boliviana, y dejan desnudo a Luis Arce Catacora, que durante años ostentó el cargo de ministro del área.
Endeudar al país, destruir la economía de las familias bolivianas, despilfarrar las rentas de vejez, manipular procesos electorales, y acosar con impuestos a los emprendedores, todo con el único fin de ostentar indefinidamente el poder, no puede considerarse política. Es un Iter criminis, o la planificación premeditada de un delito.
¡Pobre país!
