La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), presentaron ante el Ministerio Público una denuncia sobre apología al delito y amenaza de hecho punible, por las expresiones de las personas participantes en la audiencia pública convocada por la Cámara de Senadores, durante el debate referente al estudio del Proyecto de Ley que Suspende la vigencia de la Ley 6659/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay”, el pasado 21 de noviembre.
Las organizaciones, en su denuncia mencionaron, por ejemplo, al ciudadano Richard Berendsen, quien afirmó que «si alguien de estas organizaciones quiere meterse con mi hijo, con mis sobrinos, con los hijos de mis amigos, bala van a recibir de mi parte si es necesario”.
También, mencionaron los dichos de la concejal departamental de Alto Paraná, Sandra Miranda, quien manifestó que “no está dispuesta a perder su derecho a discriminar”.
Como es habitual en estos casos, las organizaciones se constituyeron como adalídes de la verdad y apelaron en sus fundamentos a “los discursos de odio» y la «afrenta a los valores democráticos»
La causa está identificada bajo No. 148/2022 “Personas innominadas sobre hecho punible a determinar”, y está a cargo de la fiscal Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles sobre los Derechos Humanos de la Fiscalía.
