Sin duda, que la coyuntura más grave experimentada en Latinoamérica al menos durante el mes de diciembre, correspondió a la crisis en el Perú. Un verdadero choque de poderes, es decir, la Presidencia de la República, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y fiscalía general, que devino en una profunda crisis institucional donde la democracia estuvo en un verdadero riesgo de desaparecer.
Concretamente sobre el desastroso gobierno de Pedro Castillo, recordemos un modesto maestro de una escuela rural luego convertido a dirigente gremial nacional, con un precario discurso donde asomaba sus posturas anti-capitalistas y anti-imperialistas, ergo, propias del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pronto sorprendió y se coló hasta la segunda vuelta para finalmente vencer en el balotaje a Keiko Fujimori.
Una vez en el gobierno, Castillo no tardó en exhibir sus dotes altamente autoritarias y personalistas con la ruptura de su mentor político, el izquierdista radical Vladimir Cerrón, líder de la tolda política Perú Libre. Pero no todo quedó allí, pronto Castillo se vio envuelto en escándalos de corrupción, manipulación de licitaciones públicas para ser favorecido él o su familia, tráfico de influencias en el sistema judicial hasta líder de una organización criminal.
Todas estas acusaciones desembocaron en una situación de inestabilidad e ingobernabilidad permanente: un total de 50 carpetas y 7 causas abiertas por la fiscalía general de la República contra el presidente Pedro Castillo, 5 gabinetes de gobierno, un total de 3 discusiones en el Congreso sobre la vacancia de la Presidencia (destitución del mandatario o juicio político), la última tuvo lugar el pasado 7 de diciembre y con abrumadora mayoría (101 votos para un Congreso de 130 legisladores).
Pero, ¿cómo se llegó a ello? Lo primero que se debe tener presente es que Castillo, al igual que sus antecesores desde el 2001, no tenía mayoría parlamentaria. Además, el Congreso peruano no es un espacio de debates entre partidos políticos, más bien, está dominado por individualidades, por lo que resulta más difícil establecer algún pacto de gobernabilidad.
Luego, los propios desmanes del presidente Castillo como su absoluta incapacidad para gestionar el gobierno de un Estado, que llegaron hasta el extremo de su aseveración hecha por el mandatario ante Fernando del Rincón de CNN, de darle salida al mar a Bolivia. Todo ello, enzarzado en redes de corruptela y mafias.
Castillo, focalizó a título personal una enemiga, la Fiscal General del Estado, Patricia Benavides y también acusaba constantemente al Congreso de golpista cada vez que éste convocaba para discutir la vacancia del Presidente por incapacidad moral, conforme a la Carta Magna peruana e incluso activó la Carta Interamericana de la OEA, que envió una misión conformada por 5 Cancilleres activos, que emitió un vacuo informe instando a una “tregua” y “diálogo” entre las partes, en crudo, un esfuerzo estéril.
La Corte Constitucional trató de mediar, poner paño frío entre el Ejecutivo y el Legislativo, demasiado tarde para una lucha irreconciliable. El pasado 7 de diciembre, minutos antes que el Congreso discutiera su vacancia, Castillo anunció vía decreto y sin elaborar una mínima justificación, disolvió el Congreso, estableció un “gobierno de excepción”, impuso toque de queda y prometió una Asamblea Nacional Constituyente.
El resultado, no podía ser otro, el decreto de Castillo constituía una absoluta violación a la Constitución del Perú, en crudo, perpetró un golpe de Estado eliminando de un plumazo la democracia. En el ínterin, renunciaron los ministros de Exteriores, el comandante del Ejército, la propia vicepresidente Dina Boluarte y el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Morales, rechazaron el decreto. En síntesis, Castillo una vez más dio claras evidencias de su torpeza, se lanzó en solitario a la aventura golpista. La suerte de Castillo estaba echada, la reacción del Congreso, que con buenos reflejos entendió que Castillo pretendía imponer un gobierno autoritario en el país, lo destituyó.
Minutos más tarde, cuando se disponía a escapar para solicitar asilo político en la Embajada de México, los oficiales que lo trasladaban recibieron la orden de llevarlo a Prefectura, donde fue detenido, se le inició el proceso judicial de rigor por el golpe de Estado y fue trasladado a la Comisaría de Lima, donde se encuentra recluido el ex Presidente Luís Alberto Fujimori.
En fin, Dina Boluarte juró ante el Congreso como la nueva presidente del Perú y aseguró que completaría el mandato. Aunque las calles no tardaron en llenarse de algunos violentos que exigían elecciones y constituyente. Boluarte, cedió a la presión y anunció adelanto de las elecciones generales y decretó Estado de emergencia, con lo cual, la turbulencia aún sigue a la vista en el Perú de hoy.
