Remontémonos a los últimos meses del año 2013. En ese entonces, economistas, periodistas, políticos (incluidos muchos «opositores») y analistas celebraban que el PIB de Bolivia haya alcanzado un crecimiento del 6,5%. De repente, un país, hasta ese momento, insignificante en el contexto internacional pasaba a ocupar titulares de prensa a nivel mundial. Todos hablaban del «milagro» que había logrado el «indígena», Evo Morales.
Sin embargo, el gran auge económico nacional era, solamente, una burbuja de dimensiones siderales. Veamos.
El origen de la burbuja se da cuando ―a nombre de la «dignidad» nacional― el régimen se apropia de la renta gasífera. Para ese momento, la cotización internacional de las materias primas ya era inéditamente alta. Eso le otorgó a Morales y sus cómplices una enorme cantidad de dólares para gastar entre sus adeptos o, la mayor parte, en obras inútiles. Obviamente, la opinión pública no se percató de eso, y pensó que el gobierno tenía en Arce Catacora, en ese entonces ministro de economía, a un genio en asuntos económicos.
El segundo componente de la burbuja es aquello que el gran economista Ludwig von Mises llamaba el Inflacionismo. La práctica consiste en jalar, tanto como se pueda, la moneda para evitar los ajustes estructurales y comprar conciencias de los votantes (En Bolivia muchos piensan que Evo Morales les dio una casa). El problema de esa medida radica en lo siguiente: con el tiempo el valor del dinero se envilece y la pobreza se acrecienta.
El inflacionismo es el espíritu que subyace detrás de la Ley de Servicios Financieros Nº 393. Pues ―bajo el eufemismo de la vivienda social― redujo de manera artificial las tasas de interés. Por ende, millones de dólares frescos llegaron al sector de la construcción, que al final solo significaron una escalada importante en el precio de los bienes inmuebles. Lo mismo sucedió con los autos importados O Km ―uno podía acceder a sola firma y con una boleta de pago―. Una total locura inducida por el gobierno, pero en la que muchos participaron.
No es casualidad que la construcción arrastre problemas desde mediados de la década pasada. Por ejemplo, el diario El deber,en una nota del 27 de febrero 2022, muestra que, a pesar de las tasas reguladas y la política del gobierno, el sector vivienda sigue sin arrancar.
Por otra parte, Mauricio Ríos García, economista y asesor de inversiones, en su libro Incautos refleja lo siguiente: «En Cochabamba, entre el 2011 y mediados del 2016, la construcción tuvo una caída del 370%».
Sostener el crecimiento del país en base a gasto y deuda trae serías consecuencias. En un artículo titulado: El presupuesto del horror, Antonio Saravia menciona lo que sigue:
El 40% de los recursos que gastará el gobierno el próximo año viene de financiamiento interno o externo (más de lo primero que de lo segundo). Esto significa créditos de organismos multilaterales, préstamos del Banco Central, venta de bonos a las AFPs y plata no usada de la gestión pasada. En suma, el gobierno piensa gastar un 40% más de lo que generará como ingresos el próximo año. El segundo componente del financiamiento es ingresos de operación (23%) y el tercero es impuestos que paga el ciudadano y las empresas de a pie como el IVA, IT, etc. (18%). Las rentas petroleras (IDH e IEHD) representan solo el 3% de los ingresos.
A finales de febrero, el gobierno presumió de haber conseguido $ 850 millones, muy lejos de su meta inicial de $ 2000 millones.
El objetivo de emitir estos nuevos bonos por 2.000 millones de dólares era canjearlos por los antiguos para, de esa forma, patear la deuda hacia adelante. Esto era urgente de hacer, pues nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN) en divisas a la fecha alcanzan a sólo 1.400 millones. Es decir, si pagamos el vencimiento de los bonos del 2012 y el 2013, más algunos intereses de los bonos del 2017, nos quedamos prácticamente sin divisas.
Ahora bien, ya que sólo colocamos 850 de los 2.000 millones, estamos pateando hacia adelante apenas el 42% de la deuda vieja. Los 850 millones permitirán que nuestro pago por bonos soberanos de este año, que era de 500 millones, sea de sólo 50 millones. Esto también permitirá que el pago del próximo año, que también era de 500 millones, sea de sólo 100 millones. Pero acá hay que añadir un agravante, estamos bicicleteando deuda vieja (cuya tasa de interés era del 5,3%) con una nueva mucho más cara (7,5%). En resumen, estamos cavando un hoyo de 5 metros para tapar uno anterior de 3. Con todo, es evidente que al gobierno se le acabo el tiempo de hacer reformas estructurales, y al ciudadano se le terminó la posibilidad de vivir de las fantasías crediticias.
