En la Cámara de Diputados, ya el año pasado se aprobó la acusación por mal desempeño del contralor general de la República José Enrique García. En noviembre, se designó como fiscales acusadores a los legisladores Ramón Romero Roa (ANR, samanieguista), Celeste Amarilla (PLRA, efrainista) y Hernán David Rivas (ANR, cartista).
La acusación fue enviada a la Cámara de Senadores, que hasta ahora no la trató. El compromiso fue estudiarla este año al reinicio del periodo ordinario de sesiones.
El contralor tiene cinco causales de enjuiciamiento. La principal es su imputación por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, representada por el abogado Juan Ernesto Villamayor.
Según versiones, el senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista) opera para que el tema se enfríe. Este legis- lador liberal está siendo investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. El Ministerio Público había pedido un informe a la Contraloría sobre los bienes del senador, pero hasta ayer todavía no le fue enviado, lo que dificulta la pesquisa al político. El “detalle” es que la esposa de Amarilla es la directora de Declaraciones Juradas del citado organismo de control.
No obstante, el presidente del Senado, Silvio Ovelar, expresó que a fines del año pasado hubo un compromiso de la Cámara de impulsar el juicio político contra el Contralor en marzo cuando se retomen las actividades. Varios senadores estarían a favor de proseguir con los trámites para el juicio político.
Para que la destitución se produzca en el Senado, debe haber mayoría absoluta de dos tercios, es decir, 30 votos como mínimo.
El plazo para finiquitar el juicio político no está establecido, ya que esta figura no está reglamentada.
Investigado
Mientras la sombra del juicio político amenaza al contralor José Enrique García, salió a luz que el mismo está siendo investigado por la fiscalía por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
A mediados de febrero último, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, negó a la Contraloría General su ingreso para auditar su gestión administrativa y recordó que el contralor García está siendo investigado por el Ministerio Público y no correspondía que él sea el que los audite. El mismo dio a entender que para “apretarlo” y evitar una fiscalización a Quiñónez, la Fiscalía le abrió una pesquisa.
Sin embargo, la investigación contra García ya viene del año pasado cuando la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) envió un reporte al Ministerio Público en que señalaba que entre 2012 y 2017 García realizó millonarios depósitos en entidades financieras del país, de los que no puede justificar aproximadamente G. 3.000 millones.
Abierta discordia
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el contralor general de la República, Enrique García, mantienen un enfrentamiento público desde hace varias semanas, con acusaciones de todo tipo. Quiñónez se niega a que la Contraloría audite a la Fiscalía y recurrió a la Corte Suprema de Justicia. Este organismo dispuso que sea el Tribunal de Cuentas el que haga la revisión. Sin embargo, la Contraloría insistirá en hacer el control, se anunció.
