La Procuraduría General de la República (PGR) apeló el lunes 14 decisiones del ministro Alexandre de Moraes que derribaron perfiles en redes sociales del economista Marcos Cinta y del empresario José Janduy.
Según Moraes, la suspensión de cuentas fue necesaria porque ambos publicaron desinformación y ataques al sistema de voto electrónico, contrario a la autoridad del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La subprocuradora general de la República, Lindôra Araújo, quien firma ambos recursos, argumentó que la PGR no fue consultada antes de la decisión que dio lugar a la prohibición de perfiles.
Para Lindôra, el ministro Alexandre de Moraes «violó el sistema acusatorio y principios relacionados, como la imparcialidad, la inercia y la isonomía, garantizados por el orden constitucional».
El fiscal adjunto dijo que, según la Carta Magna, solo los fiscales pueden hablar sobre este tipo de medidas cautelares, lo que hace que la decisión de Moraes sea inconstitucional.
«Sólo el Parquet [MPF] está obligado a deducir, en la corte, las precauciones, ya sean probatorias, personales o reales, de las cuales se puede concluir que la medida cautelar sujeta a la decisión agravada es inconstitucional, porque se decreta de cargo, sin audiencia previa y postulado del Ministerio Público Federal, por lo tanto, sin solicitud de la parte legítima para hacerlo», dice extracto de la manifestación.
Lindôra Araújo también argumentó que la PGR debería haber sido citada para dar una opinión directa sobre los pasos en curso en la investigación.
«Corresponde al Ministerio Público participar efectivamente en las gestiones que impliquen restricciones de derechos, así como realizar el control externo de la actividad policial, cuyo ejercicio efectivo depende de la vigilancia de los actos investigativos realizados por la Policía Judicial y, además, promover la defensa del orden jurídico en el control interno de los actos de investigación, especialmente de carácter grave a los derechos y garantías individuales», Completado.
Si el Tribunal Supremo niega esta solicitud de revocación de las medidas, Lindôra quiere que los casos de Cintra y Janduy sean remitidos a primera instancia, considerando que los dos no tienen foro privilegiado, por lo tanto, no pueden ser el objetivo del Supremo.
Los recursos de la PGR fueron archivados en el contexto de la investigación de «milicias digitales», en curso en la Suprema Corte con la relatoría de Alexandre de Moraes. El objetivo de la investigación es investigar la existencia de una «organización criminal diseñada para atacar los pilares del Estado democrático».
