El legislador propone actualizar las sanciones y las garantías ante la difusión deliberada de falsedades para provocar retiros masivos.
Una propuesta que ASOBAN promovió en 2017 volverá al debate parlamentario si prospera el anuncio del diputado Ale Aguilera. El legislador planteó reactivar el tratamiento de una ley contra el terrorismo financiero y cuestionó que los intereses cruzados entre medios y bancos puedan convertir el temor de los ahorristas en un instrumento de disputa empresarial.
La documentación contiene una nota del 27 de marzo de 2017 en la que la Asociación de Bancos del Paraguay solicitaba al entonces diputado Julio Javier Ríos Bogado impulsar la tipificación del pánico financiero. La presentación legislativa está fechada el 4 de mayo de ese año. El gremio había encargado la elaboración del anteproyecto y su exposición de motivos al jurista José M. Fernández.
ASOBAN advertía que los rumores malintencionados sobre supuestas intervenciones podían desencadenar retiros de depósitos y comprometer la liquidez. Su comunicación vinculaba estas maniobras con la competencia desleal, la venganza comercial y conductas con rasgos de “terrorismo financiero”, cuyos efectos podían extenderse a otras entidades.
Aguilera anunció que recuperará ese antecedente con requisitos específicos para sancionar. Deberá acreditarse la difusión de hechos falsos sabiendo que eran falsos, la finalidad de provocar retiros masivos y la generación de un peligro concreto y grave para la liquidez. “El sistema financiero paraguayo es una conquista de todos los paraguayos”, afirmó.
La escala planteada contempla hasta cinco años de prisión o multa, y hasta ocho años ante retiros masivos con afectación grave de la liquidez, abuso de funciones o uso de información reservada. Los diez años quedarían para casos especialmente graves con consecuencias comprobadas para los depositantes u otras entidades. Aunque el proyecto original tenía iguales máximos, los supuestos de agravamiento eran diferentes.
El diputado aseguró que la actualización prohibirá la censura previa y preservará las fuentes periodísticas. También anunció consultas con organismos supervisores, representantes del sector financiero y especialistas, al reclamar que el Congreso retome seriamente una discusión pendiente desde hace años.
