Una serie de publicaciones y comentarios difundidos en Facebook expuso un creciente clima de hostigamiento y amenazas contra el fiscal Silvio Corbeta, quien integra el equipo del Ministerio Público que lleva adelante causas contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
Las capturas muestran que los mensajes fueron publicados en torno a contenidos difundidos por la cuenta o grupo denominado “Miguel Prieto presidente de Paraguay”, donde distintos usuarios lanzaron expresiones intimidatorias y descalificaciones contra el agente fiscal.
Entre los comentarios aparecen referencias directas a una eventual salida de Corbeta de la causa y mensajes que aluden a que debería “ir a la cárcel”, además de expresiones sobre una supuesta “justicia divina” y advertencias de que “tarde o temprano” recibiría las consecuencias de sus actuaciones.
En una de las publicaciones, un usuario identificado como Andy San Martín escribió: “Arnaldo Centurión si mientras le sirve ahora cuando termina su proceso chau a quemar ropa tonto es se está regalando por un puesto y billetes”, en un mensaje que también apunta contra personas relacionadas con la investigación.
Otros comentarios son todavía más agresivos. En las capturas aparecen expresiones como “si es que va hacer lo correcto te tiene que mandar a la cárcel por ladrón”, así como alusiones a una supuesta “justicia divina” que alcanzaría al fiscal. También se observan mensajes que califican a Corbeta con términos ofensivos y cuestionan su actuación dentro del proceso judicial.
La situación adquiere especial relevancia porque ocurre en pleno desarrollo del juicio oral contra Miguel Prieto y otros procesados, iniciado esta semana en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Corbeta forma parte del equipo fiscal que sostiene la acusación. El Ministerio Público informó oficialmente que el fiscal, junto con Verónica Valdez y Yeimy Adle Monges, presentó una imputación contra Prieto y otros implicados por un supuesto perjuicio a las arcas municipales. En otra causa vinculada a la gestión municipal, la Fiscalía también investiga un supuesto perjuicio de más de G. 500 millones relacionado con obras del Hospital Regional de Ciudad del Este.
El juicio iniciado el 1 de septiembre tiene como uno de sus principales ejes el denominado caso “Tía Chela”, relacionado con la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia. La Fiscalía sostiene que habría existido un perjuicio superior a G. 2.000 millones y planteó durante el inicio del juicio nuevos pedidos de informes a instituciones públicas.
El escenario judicial ya había generado un fuerte enfrentamiento entre las partes. La defensa de Prieto cuestionó actuaciones de Corbeta y puso en duda su intervención en determinados aspectos de la investigación, mientras que el fiscal respondió públicamente a otras declaraciones del exintendente.
Días atrás, Corbeta también cuestionó duramente las declaraciones de Prieto, quien se había referido al asesinato del fiscal Marcelo Pecci al hablar de su propia seguridad. El agente fiscal calificó esa comparación de “deleznable” y “repugnante” y pidió a sus colegas pronunciarse para preservar la memoria de Pecci.
En este contexto, las capturas difundidas en redes agregan otro elemento de tensión: la presión y los mensajes intimidatorios dirigidos contra uno de los fiscales que sostiene la acusación.
Cabe señalar que las capturas permiten constatar la existencia de los comentarios y el espacio de Facebook donde fueron publicados, pero no permiten por sí solas determinar que todos los autores de esos mensajes sean dirigentes, funcionarios o integrantes formales del movimiento político de Miguel Prieto. Por ello, corresponde hablar de usuarios o presuntos adherentes que expresaron su apoyo al exintendente, salvo que posteriormente se confirme una vinculación orgánica.
Más allá de las diferencias políticas y jurídicas que rodean al proceso, las amenazas contra operadores de justicia constituyen un asunto especialmente sensible. Un juicio debe resolverse mediante pruebas, argumentos y decisiones judiciales, y no mediante campañas de intimidación, ataques personales o advertencias difundidas desde las redes sociales.
La controversia ahora se desarrolla en dos escenarios paralelos: el judicial, donde Fiscalía y defensa deberán demostrar sus respectivas posiciones ante el Tribunal de Sentencia, y el digital, donde la creciente confrontación política está derivando en expresiones que pueden cruzar la línea entre la crítica y la intimidación.
