Por Octavio McFarlane
El miedo es una herramienta poderosa para instalar una narrativa: primero se presenta un escenario extremo y luego se condiciona a la sociedad a reaccionar frente a él. El problema aparece cuando esa lógica deja de advertir sobre un riesgo y empieza a utilizar el temor como mecanismo de presión.
La comunicación política conoce perfectamente ese mecanismo. Uno de los ejemplos históricos más famosos fue el spot “Daisy”, utilizado en la campaña presidencial estadounidense de 1964: una niña arrancaba los pétalos de una margarita y la escena terminaba con una explosión nuclear. No hacía falta explicar demasiado. El mensaje emocional era que una decisión electoral podía conducir a una catástrofe. Décadas después, durante la pandemia de COVID-19, los mensajes sobre contagio, hospitalización y muerte también mostraron cuánto puede modificar conductas una comunicación basada en el temor. La literatura científica reconoce que esas apelaciones pueden aumentar el cumplimiento de ciertas medidas, pero también advierte que, si se exageran o no van acompañadas de respuestas claras, pueden generar rechazo y pérdida de confianza.
Ese antecedente importa para entender el clima que empieza a instalarse alrededor del conflicto médico en Paraguay. El comunicado de la Sociedad Paraguaya de Pediatría describe una “gravísima crisis”, habla de riesgo extremo y advierte sobre un posible costo en vidas humanas. Los reclamos por salarios, insumos, infraestructura y carrera sanitaria merecen una respuesta seria del Estado. Pero el debate cambia cuando, junto con esas demandas, aparecen renuncias colectivas y advertencias sobre la continuidad de servicios esenciales.
El punto más delicado fue planteado públicamente por la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. El gremio no solo respaldó las dimisiones, sino que exhortó a otros profesionales a no ocupar las vacancias y explicó que busca preservar esos puestos para que los renunciantes puedan reincorporarse cuando termine el conflicto. En paralelo, representantes médicos reconocieron que este tipo de medidas termina afectando a los pacientes.
Ahí surge la contradicción. Si la renuncia pretende ser definitiva, supone abandonar el cargo y asumir sus consecuencias. Pero si se espera que el puesto permanezca vacío, se pide que nadie lo ocupe y se proyecta regresar cuando la negociación termine, la renuncia funciona en la práctica como una herramienta de presión. Y cuando se trata de anestesiología, cirugía pediátrica o terapia intensiva, el costo potencial no recae solamente sobre el Gobierno: recae sobre la persona que necesita atención.
Los médicos tienen derecho a reclamar mejores condiciones y el Gobierno tiene la obligación de responder con soluciones concretas. Pero existe una frontera que no debería cruzarse. Una protesta puede incomodar al poder; lo que no puede hacer es convertir el acceso a la salud en el factor que multiplica el miedo social para fortalecer una negociación.
El miedo puede ser eficaz para imponer una narrativa, pero también puede destruir confianza y llevar a una sociedad a reaccionar desde la angustia antes que desde los hechos. En un servicio esencial, ese riesgo es todavía mayor. El paciente no puede convertirse en moneda de negociación.
