Después de unos relativamente tranquilos años 90, América Latina arrancó el Siglo XXI con la multiplicación de conflictos, pero siempre bajo el mismo hilo conductor: culpar al neoliberalismo de todos los males posibles.
En Ecuador lograron derrocar al presidente Mahuad; en Argentina rodó la cabeza de Duhalde, y en Bolivia Sánchez de Lozada fue la víctima de un golpe de Estado gestado y patrocinado por el Foro de Sao Paulo, aunque los revoltosos lo llaman: «Guerra del gas».
En el caso concreto de Bolivia, la narrativa oficial afirma que las protestas fueron pacíficas y espontáneas; sin embargo, la evidencia muestra otra cosa. Por ejemplo, el fallecido terrorista Felipe Quispe, El Mallku, en su libro: La caída de Goni, afirmó:
En la emboscada de campesinos en septiembre de 2003 en la población altiplánica de Warisata, en el departamento de La Paz, participaron personas armadas con instrucción guerrillera y tenían el objetivo principal de matar al entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, conocido como “El Zorro”.
En otras ocasiones, muy orgulloso siempre afirmaba haber ordenado que sus milicianos usen armas de fuego para enfrentar a policías y militares, como se puede ver en el siguiente extracto de una entrevista en el portal: https://rqpquenallata.wordpress.com/2018/07/23/entrevista-el-mallku-la-emboscada-a-policias-era-para-matar-al-zorro/:
Una vez presos nuestros compañeros ordeno a las bases, a alguna gente que tenía entrenamiento guerrillero del EGTK, a ejecutar nuestra estrategia contra el Gobierno. Además, ordeno sacar las armas para enfrentar a los militares. Entonces nuestra gente preparada para las guerrillas ha emboscado a los policías con un muerto y varios heridos. Esa fue la causa para que los militares intervengan a Warisata el 20 de septiembre. En esa jornada matan a una niña de ocho años, además de otras personas. Ese día mueren cinco personas, uno en Ilabaya, otro en Sorata y tres en Warisata. Esas balas de Warisata ha levantado a la gente de El Alto.
Respecto al tema de la niña fallecida, Emilio Martínez, en su ensayo: Los cinco mitos de octubre, explicó que la trayectoria de entrada del proyectil fue de arriba abajo, además, no correspondía a ningún calibre oficial de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Considerando que la pequeña falleció en su segundo piso, lo más probable es que fue víctima de una bala perdida disparada por los partisanos de Quispe, que habían tomado posiciones en las montañas de la zona.
Enfrentar un proceso subversivo requiere que el gobierno se mantenga unido. Empero, los políticos bolivianos, fieles a su oportunismo carroñero, abandonaron la coalición gubernamental. Empezaron Jorge Torres, del MIR, y Manfred Reyes Villa, jefe de NFR. Pero la coalición no solamente se quedó sin sus circunstanciales aliados, pues Mauricio Antezana Villegas, miembro del MNR, partido de Sánchez de Lozada, dejó el cargo de vocero presidencial en pleno conflicto armado.
No obstante, el golpe de gracia vino del vicepresidente Carlos Mesa, pues el historiador ya había sido escogido por los violentos como la carta a jugar para chantajear al gobierno. De hecho, fue Evo Morales quien dijo: «Exigimos, para salir de esta crisis política: Sucesión presidencial y Asamblea Constituyente, ¡Ya! ahora! Carlos Mesa presidente». De esa forma, Mesa se quedó con el gobierno.
Al día siguiente de su posesión, en una muestra de genuflexión ante los piratas del asfalto que habían ensangrentado Bolivia, fue a la ciudad de El Alto a sellar la agenda de octubre, que entre otras cosas le abrió la posibilidad al Foro de Sao Paulo de montar una asamblea constituyente para replicar el modelo dictatorial cubano.
Mesa cumplió fielmente con sus socios, ya que de manera inmediata empezó la persecución contra los jefes militares y policiales que habían defendido el país del ataque armado. Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Apenas un año después, el Congreso autorizó la celebración de un juicio, donde declararon unos 320 testigos, entre ellos ex presidentes, ex viceministros y otras autoridades bolivianas. La Fiscalía General, que había solicitado una condena de 25 años de cárcel para los militares, gestionó la extradición de otros siete exministros que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España. El juicio para ellos quedó en suspenso hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
Más de dos décadas después, la segunda semana de agosto 2026, Carlos Sánchez Berzain ganó una Acción de libertad. La consecuencia directa es que el juicio de responsabilidades ha dejado de existir; por ende, deben cesar todas las medidas nacidas en el proceso, por ejemplo, las órdenes de aprehensión.
Como era de esperarse, los milicianos de esa época y sus socios en el extranjero, salieron de sus cuevas para gritar consignas contra el fallo. Nada de que preocuparse, puesto que sabemos que su único interés es manipular la narrativa.
Lo verdaderamente importante es que, al fin, Bolivia va en la ruta de la verdad histórica sobre octubre 2003, ya que nunca se trató de una revuelta social por defender el gas, sino de un golpe de Estado. Ese quiebre constitucional es el origen de todos los males que hoy padecemos, incluida la crisis energética y el desbarajuste económico.
