Las denuncias presentadas por funcionarias del INDERT vuelven a poner sobre la mesa los límites que deben existir entre la actividad sindical y cualquier intento de utilizar una representación gremial como mecanismo de protección frente a investigaciones o denuncias por presunto maltrato y hostigamiento.
La elección de nuevas autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria (SINTRA) se desarrolla en un contexto particularmente delicado, luego de que ocho funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) denunciaran hechos que califican como violencia de género, hostigamiento laboral y violencia telemática.
Las trabajadoras sostienen que durante aproximadamente 17 meses fueron objeto de publicaciones y mensajes ofensivos a través de redes sociales y teléfonos particulares. Como respaldo de sus denuncias, presentaron alrededor de un centenar de capturas de pantalla y un acta notarial.
En el marco de la controversia fueron señalados Fredy Bernardo González Arrúa, Bernardo Diosnel Sosa Kémal, Rubén Estanislao Galeano y Arnaldo Andrés Britos Blanco, aunque corresponde que las responsabilidades individuales sean determinadas por las autoridades competentes y mediante el debido proceso.
El nuevo elemento que preocupa a las denunciantes es la posibilidad de que algunos de los funcionarios cuestionados busquen acceder a cargos sindicales y, con ello, pretendan utilizar los fueros gremiales como una suerte de blindaje frente a las consecuencias de las denuncias.
El fuero sindical existe para proteger la libertad y la independencia de la actividad gremial, no para convertirse en una herramienta destinada a impedir investigaciones o el esclarecimiento de hechos denunciados.
Confundir ambas cosas terminaría perjudicando al propio movimiento sindical. Un sindicato que se convierta en refugio de personas denunciadas por hechos de violencia no estaría protegiendo a los trabajadores: estaría deteriorando su propia credibilidad.
La defensa de los derechos laborales y la representación de los trabajadores son funciones legítimas y necesarias. Pero ninguna organización gremial debería interpretar esas atribuciones como una autorización para bloquear investigaciones, deslegitimar a las víctimas o transformar los fueros en una barrera frente a la Justicia.
El caso también plantea una discusión importante sobre los límites de la crítica hacia quienes ocupan cargos públicos.
Las funcionarias reconocen, de acuerdo con el planteamiento presentado ante la Justicia, que el ejercicio de una función pública implica exposición y fiscalización. Sin embargo, sostienen que esa exposición no puede utilizarse para justificar ataques personales, expresiones denigrantes o conductas que excedan el legítimo cuestionamiento de una gestión.
Ese límite resulta fundamental: la crítica a una funcionaria pública puede ser dura, pero no debería convertirse en una licencia para humillarla, acosarla o violentarla.
La representación legal de las denunciantes, encabezada por la abogada Ximena López, cuestionó además aspectos de la valoración de las pruebas realizada en la resolución judicial y presentó un recurso de apelación y nulidad para que una instancia superior revise el caso.
El verdadero desafío para SINTRA
La elección sindical de hoy coloca a los trabajadores ante una responsabilidad que va más allá de la elección de autoridades.
Si existen personas denunciadas por hechos de violencia, corresponde que esas denuncias sean investigadas con todas las garantías del debido proceso. Pero el sindicato no debería convertirse en parte de una estrategia para eludir esa investigación.
Por el contrario, una organización gremial que quiera preservar su legitimidad debería ser la primera interesada en demostrar que la defensa de los trabajadores no significa defender el maltrato, el hostigamiento ni ninguna forma de violencia.
Los fueros sindicales son una garantía para ejercer la representación gremial con libertad. No son una patente de impunidad.
El mayor daño, en definitiva, no sería solamente para las mujeres que aseguran haber sido víctimas de hostigamiento. También lo sufriría el propio SINTRA si permitiera que su estructura sea utilizada para intentar blindar a personas cuestionadas.
Un sindicato gana autoridad cuando protege los derechos de todos sus trabajadores, pero pierde legitimidad cuando termina confundiendo solidaridad gremial con encubrimiento.
