La ejecución de Vahid Baniamerian y otros cinco acusados en Irán se produjo sin previo aviso para sus familias, quienes se enteraron por noticias en medios estatales iraníes que el Tribunal Supremo revisaría la sentencia de muerte.
Un familiar cercano, que pidió anonimato por seguridad, relató su desconcierto: “No dieron ninguna advertencia. Ni siquiera el abogado lo sabía”. Para esa persona, “era completamente ilegal, incluso según sus propias leyes opresivas”.
Las autoridades iraníes mantienen una política de ejecuciones que, según organismos de derechos humanos, busca intimidar a la sociedad e impedir nuevas protestas. En lo que va del año, se dictaron decenas de ejecuciones de presos políticos, manifestantes y supuestos miembros de organizaciones prohibidas.
Irán intensificó la aplicación de la pena capital, especialmente desde el final de la primera fase de la guerra con Estados Unidos e Israel. La situación interna se tensó aún más tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei y la llegada de su hijo Mojtaba, quien aún no apareció públicamente desde el deceso de su padre, el 28 de febrero de 2026.
