Rafael Filizzola tiene una capacidad notable: la de señalar con dedo acusador a medio Paraguay mientras carga sobre sus espaldas dos causas de corrupción que, lejos de resolverse con la celeridad que él exige para los demás, se arrastran durante más de una década gracias a su pericia en el arte de la dilación procesal.
Como exministro del Interior, Filizzola está imputado —o lo estuvo— en dos expedientes que huelen a negociados con plata pública. El caso de las “comisarías de oro”, donde se adjudicaron obras por más de 1.200 millones de guaraníes en 24 comisarías sin análisis técnico, sin pedido de los propios comisarios y sin póliza de cumplimiento. Obras que nunca se terminaron y que, según la Fiscalía, generaron un perjuicio de más de 1.100 millones al Estado. Y el caso de los helicópteros, donde se compraron cuatro aeronaves usadas (dos de ellas inservibles) por casi 48 mil millones de guaraníes a una empresa que, según la acusación, no cumplía los requisitos básicos.
En el de los helicópteros ya logró el sobreseimiento definitivo en 2025, no por inocencia probada, sino porque la Corte Suprema anuló la acusación por vicios procesales del Ministerio Público y porque, finalmente, la acción penal se extinguió. En el de las comisarías, más grave aún, logró que un juez declarara la prescripción… y ahora la Corte Suprema tuvo que intervenir en junio de 2026 para destrabar un expediente que llevaba años congelado entre recusaciones, inhibiciones y apelaciones. ¿El resultado? Más de quince años después de los hechos, todavía no hay juicio oral. Solo chicanas, más chicanas y la impunidad que se disfraza de “defensa técnica”.
Mientras tanto, el mismo Filizzola se sube al púlpito del Senado a dar cátedra de moralidad. Denuncia “mafias”, cuestiona patrimonios ajenos, acusa de encubrimiento en casos sensibles y se erige en fiscal de la República cada vez que abre la boca. Es la misma persona que, según sus críticos (y no son pocos), convirtió la dilación procesal en su principal estrategia de defensa. El “doctor en chicanas”, como lo llaman con sorna en los pasillos judiciales y políticos, ahora pretende dar lecciones de ética a los demás.
La pregunta que nadie le contesta con la crudeza que merece es sencilla: ¿con qué autoridad moral habla?¿Con la autoridad de quien evitó durante años que se ventilara en un juicio si efectivamente hubo sobrefacturación y perjuicio al Estado en las comisarías? ¿Con la de quien, gracias a argucias procesales, consiguió que una causa por casi 50 mil millones de guaraníes terminara archivada sin que se probara ni se desmintiera nada en el fondo?
En Paraguay sobran los que gritan contra la corrupción ajena mientras protegen la propia con recursos legales. Filizzola no es una excepción: es un ejemplo paradigmático. Puede seguir presentándose como el paladín de la transparencia y la lucha contra las mafias. Pero mientras tenga dos causas de corrupción colgadas del cuello —una ya archivada por cuestiones formales y otra todavía pendiente de que un tribunal decida si se revoca la prescripción—, sus discursos morales suenan a puro cinismo.
Porque una cosa es defenderse en un proceso judicial. Otra muy distinta es convertir la justicia en un laberinto de papel para que nunca llegue el momento de responder por los hechos. Y esa, por ahora, parece ser la especialidad del senador Filizzola.
Hasta que no aclare —o hasta que la justicia, si es que llega, lo haga— sus cuentas pendientes, sería prudente que bajara un poco el tono de fiscal moral. O al menos que tenga la decencia de callarse cuando le toque el turno de ser investigado. Porque el que vive en una casa de vidrio no debería pasarse el día tirando piedras.
