La presentación realizada por el candidato a concejal Mauricio Maluff Masi ante la Municipalidad de Asunción volvió a instalar una discusión cada vez más frecuente en el ámbito público: el riesgo de convertir una herramienta creada para fortalecer la transparencia en un instrumento de confrontación política y generación de sospechas sin respaldo verificable.
El dirigente opositor solicitó información sobre los ingresos municipales derivados de conciertos, festivales y espectáculos masivos realizados en la capital entre 2023 y 2026. El pedido se encuentra plenamente amparado por la Ley N.º 5282/2014 de Acceso a la Información Pública, una normativa diseñada para garantizar que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se administran los recursos públicos.
Sin embargo, la controversia no gira en torno a la legalidad del requerimiento, sino al discurso que lo acompaña.
Antes incluso de que la Municipalidad responda a la solicitud y sin que se hayan presentado auditorías, informes de control, denuncias documentadas o inconsistencias contables verificadas, el candidato instaló públicamente la hipótesis de una posible existencia de «cajas paralelas» dentro de la administración comunal.
Allí radica el problema de fondo. La Ley de Acceso a la Información fue concebida como una herramienta para obtener datos, verificar hechos y fortalecer el control ciudadano. Su lógica es simple: primero se accede a la información, luego se analiza y finalmente, si aparecen indicios concretos de irregularidades, se formulan denuncias o cuestionamientos. Invertir ese orden supone correr el riesgo de utilizar una herramienta de transparencia como plataforma para instalar sospechas políticas antes de que existan elementos objetivos que las sustenten.
En este caso, el pedido no se apoya en hallazgos previos, observaciones de organismos de control ni documentación que sugiera irregularidades específicas. Lo que existe es una sospecha expresada en términos políticos y una solicitud de información destinada precisamente a determinar si esa sospecha tiene algún sustento en la realidad.
La diferencia puede parecer sutil, pero es fundamental. La transparencia busca esclarecer hechos; la especulación política busca influir sobre percepciones.
Por ello, algunos sectores advierten que el uso recurrente de solicitudes de acceso a la información acompañadas de acusaciones implícitas o insinuaciones de corrupción corre el riesgo de desnaturalizar el espíritu de una ley que fue creada para fortalecer la confianza institucional y no para alimentar sospechas anticipadas.
Más aún cuando estas iniciativas surgen en plena competencia electoral, donde la instalación de temas en la agenda pública forma parte de la estrategia habitual de los candidatos.
Nadie discute el derecho de cualquier ciudadano a solicitar información estatal. Ese derecho constituye una conquista democrática fundamental. Lo que sí genera sospechas es la tendencia creciente a utilizar esa facultad legal como mecanismo para construir relatos políticos basados en hipótesis que todavía carecen de corroboración documental.
La transparencia pierde fuerza cuando deja de ser un instrumento para descubrir la verdad y se transforma en una herramienta para insinuarla.
Por eso, el verdadero desafío no consiste únicamente en garantizar el acceso a los datos públicos, sino también en preservar el sentido original de la ley: que la información sirva para confirmar o descartar hechos, no para condenar anticipadamente mediante sospechas lanzadas al debate público antes de que exista evidencia que las respalde.
No todo pedido de informes es control ciudadano; a veces es simplemente campaña política.
