El Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una delicada situación financiera luego de confirmarse una deuda cercana a los G. 126.000 millones vinculada a las obras de los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini, dos proyectos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la atención médica especializada en el país.
La existencia del pasivo fue reconocida por el actual presidente de la previsional, el doctor Isaías Fretes, quien admitió que la institución no dispone actualmente de los recursos necesarios para responder a los compromisos pendientes con las empresas constructoras encargadas de los trabajos.
La situación genera preocupación debido a que el IPS ya había transferido previamente unos G. 828.800 millones en el marco de un fideicomiso constituido en 2017 para financiar la culminación de importantes obras hospitalarias. El esquema financiero tuvo como fiduciario al Banco Atlas S.A., perteneciente al Grupo Zuccolillo.
Auditorías detectan desvío de fondos
De acuerdo con informes de auditoría e investigaciones realizadas sobre la ejecución del fideicomiso, gran parte de los recursos originalmente destinados a la construcción de hospitales terminó siendo utilizada para otros fines.
El foco de los cuestionamientos se encuentra en una disposición incorporada al contrato bajo la denominación de “Punto 5: Otros centros de salud”, cláusula que habría permitido redireccionar fondos hacia proyectos distintos a los inicialmente contemplados.
Según los datos analizados, aproximadamente G. 630.000 millones fueron destinados a finalidades ajenas a las cuatro obras hospitalarias consideradas prioritarias cuando se constituyó el fideicomiso.
La cifra representa cerca del 76% de los recursos transferidos, mientras que solamente el 24% del fondo total habría sido aplicado directamente al objeto principal del contrato.
Obras inconclusas y reclamos de constructoras
Como consecuencia de la utilización de los recursos en proyectos distintos a los originalmente previstos, varias de las obras estratégicas quedaron inconclusas o avanzaron por debajo de lo proyectado.
Actualmente, las constructoras involucradas reclaman el pago de certificaciones y compromisos pendientes, situación que se agrava por la falta de disponibilidad financiera reconocida por las autoridades de la previsional.
El caso adquiere especial relevancia debido a que los fondos administrados corresponden a recursos aportados por los asegurados del IPS, cuyo destino estaba orientado al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la ampliación de la capacidad de atención médica.
