El gobierno de Keir Starmer avanza sin complejos hacia la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años. La vende como un escudo protector para niños y adolescentes frente a los peligros del mundo digital. Pero esa narrativa edulcorada oculta la verdadera consecuencia: para excluir a los menores, el Estado debe identificar primero a todos los usuarios. Es una trampa deliberada que transforma el internet abierto en una red vigilada, donde la anonimidad desaparece y el control se instala como norma.
La lógica técnica es implacable e ineludible. Ninguna plataforma puede diferenciar de forma fiable a un chico de 15 años de un adulto de 35 sin imponer mecanismos de verificación de edad obligatorios. Eso significa reconocimiento facial, identidades digitales verificadas, escaneo de pasaportes, documentos oficiales o validaciones bancarias. El resultado es demoledor: el acceso a las grandes plataformas deja de ser libre y anónimo para convertirse en un privilegio concedido por el Estado y sus socios tecnológicos. Lo que se presenta como protección infantil es, en realidad, la infraestructura de un sistema de vigilancia masiva.
Starmer no actúa en el vacío. Sigue el camino abierto por Australia y lo que ya preparan otros gobiernos europeos, como España o Grecia. La tendencia es clara y peligrosa: los gobiernos occidentales, especialmente los de izquierda “progresista”, construyen un internet donde la identificación previa se convierte en requisito para ejercer derechos básicos como expresarse, debatir o informarse. Y lo hacen amparados en marcos regulatorios ya existentes —como el Online Safety Act— que permiten ampliar restricciones mediante reglamentos técnicos, sin necesidad de nuevos debates parlamentarios profundos. Una vez creada la maquinaria, solo hay que encenderla.
Lo más cínico es el engaño político. Los niños son el argumento emotivo perfecto: ¿quién se opone a proteger a los menores? Pero la infraestructura resultante golpea principalmente a los adultos. Los menores sirven de pretexto; los ciudadanos libres son el objetivo real. Una vez que todo el mundo debe acreditar su edad para entrar en TikTok, Instagram, X o YouTube, el anonimato digital —esencial para el debate público, el disenso y la protección contra represalias— se evapora.
A partir de ahora, cualquier británico que critique las políticas de Starmer, participe en campañas opositoras, exprese opiniones incómodas o simplemente participe en debates polémicos lo hará bajo un sistema donde su identidad real puede vincularse fácilmente a su actividad online. No es conspiración: es la consecuencia directa de crear bases de datos de verificación masiva. Hoy se usa “para los niños”. Mañana, ese mismo sistema servirá para lo que el gobierno de turno decida: etiquetar “desinformación”, monitorizar protestas o silenciar disidentes. El precedente queda sentado.
Los defensores de Starmer repiten el mantra de la “protección”. Los críticos —y la realidad tecnológica— responden que el precio es la destrucción del internet como espacio de libertad. No se puede construir una valla digital solo alrededor de los niños sin cercar a todo el país. La experiencia internacional ya lo demuestra: estos sistemas generan fugas de datos, discriminación, auto-censura y un éxodo hacia rincones oscuros de la red, donde los peligros reales se multiplican.
Keir Starmer no está protegiendo a los niños. Está construyendo las herramientas de control que cualquier gobierno autoritario envidiaría. Bajo la bandera de la seguridad infantil, el laborismo entrega al Estado —y a las grandes tecnológicas que colaboran con él— el poder de decidir quién habla, cómo y bajo qué identidad. Esta no es una medida de protección. Es un paso decisivo hacia el fin del internet libre en Reino Unido. Y los ciudadanos que valoran su libertad tienen derecho a llamarlo por su nombre: un ataque frontal a las libertades civiles disfrazado de paternalismo estatal.
¿Hasta dónde llegarán? Depende de la resistencia que encuentren.
