Una ofensiva coordinada, sostenida desde el exterior y amplificada por actores locales, vuelve a poner al sector productivo paraguayo en el centro de una campaña que busca desacreditarlo y bloquear su acceso a mercados internacionales. El caso más reciente apunta directamente al cuero paraguayo, con el objetivo concreto de cerrar su ingreso a Europa, particularmente a Italia.
El punto de partida de esta avanzada se encuentra en publicaciones de medios como Consenso y el portal digital El Surtidor, desde donde se instaló una narrativa crítica que luego fue rápidamente capitalizada por organizaciones no gubernamentales extranjeras. A partir de allí, se activó una estructura internacional que impulsó acciones concretas en territorio europeo.
Entre los actores centrales aparece Survival International, organización que no solo acompañó, sino que financió los viajes y organizó la agenda de líderes ayoreos en Europa. Sin embargo, al intentar rastrear el origen de sus recursos, surgen serias dudas: una parte significativa de su financiamiento no está claramente declarada, lo que abre interrogantes sobre quiénes están realmente detrás de estas operaciones.
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La investigación también conduce a otra ONG extranjera, Earthsight, con sede en el Reino Unido, que aparece como un actor clave en la articulación de estas acciones. Pero el entramado no termina ahí. Al seguir la ruta del financiamiento, emerge una red mucho más amplia de organizaciones y donantes internacionales, muchos de ellos con vínculos directos con gobiernos europeos y grandes estructuras multilaterales.
Dentro de ese circuito aparecen entidades como la Rainforest Foundation UK, financiada por agencias como UKaid, Norad, USAID y otros organismos estatales; Global Witness, que ha recibido millones de dólares de la red de Open Society Foundations impulsada por George Soros; así como Oxfam GB y ActionAid, ambas con fuerte dependencia de fondos provenientes de gobiernos europeos, la Unión Europea y organismos internacionales.
El listado continúa con Forest Trends, World Resources Institute y la Environmental Investigation Agency, todas con financiamiento directo o indirecto de gobiernos y multilaterales, incluyendo el Banco Mundial y agencias de Naciones Unidas. Incluso iniciativas vinculadas al monitoreo forestal en Paraguay reciben recursos de organismos internacionales como la FAO o el Fondo Verde para el Clima.
En este contexto, la pregunta que surge es inevitable: ¿se trata realmente de una preocupación ambiental genuina o de una estrategia geopolítica y económica que utiliza el discurso ambiental como herramienta de presión?
A nivel local, también se identifican actores que han contribuido a amplificar esta narrativa. Entre ellos, el periodista Maximiliano Manzoni, la editora de El Surtidor Jazmín Acuña y Romina Cáceres, quienes aparecen vinculados a la difusión de contenidos que sostienen esta línea crítica hacia el sector productivo.
El resultado de esta articulación es concreto: un mercado estratégico como el italiano comienza a cerrarse para el cuero paraguayo, afectando directamente a toda la cadena productiva. Mientras tanto, países competidores ocupan ese espacio sin enfrentar el mismo nivel de escrutinio.
Lo que queda en evidencia es un patrón cada vez más frecuente en la región: redes internacionales de ONG, financiadas en gran medida por gobiernos y grandes estructuras globales, interviniendo en economías locales bajo el argumento ambiental, pero con efectos directos sobre la soberanía productiva y el desarrollo económico.
En el caso paraguayo, la situación abre un debate urgente. No solo sobre la defensa de sus sectores productivos, sino también sobre el rol y la influencia de actores externos que, sin rendir cuentas en el país, logran incidir en decisiones que impactan directamente en su economía.



