La reciente controversia entre el periodista Bruno Masi y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) volvió a poner en el centro del debate el rol de ciertos actores mediáticos en la construcción de denuncias públicas y su eventual relación con intereses empresariales.
El conflicto surgió luego de que el MEC desmintiera informaciones difundidas por Masi sobre el supuesto estado de algunas instituciones educativas. Desde la cartera educativa señalaron que los datos difundidos no reflejaban la situación real de los establecimientos mencionados, lo que derivó en un fuerte cruce público.
Sin embargo, para algunos observadores del ámbito periodístico y político, este episodio no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón que ya generó polémica en el pasado.
Uno de los antecedentes más citados ocurrió en 2019, cuando el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano denunció públicamente un supuesto intento de soborno para frenar una investigación periodística.
Según el relato de Lezcano, durante una reunión se le habría ofrecido 22 millones de guaraníes a cambio de detener publicaciones relacionadas con una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) vinculada a la empresa de seguridad Security Service Technology (SST).
De acuerdo con la denuncia, en el encuentro habrían participado el empresario Óscar Chamorro Lafarja, el senador Dionisio Amarilla y la productora María Luz Peña, esposa de Masi.
El caso generó una fuerte repercusión mediática y derivó en un enfrentamiento público entre las partes. Tras el escándalo, el programa televisivo que conducía Masi en ese momento fue retirado de la programación de un canal de televisión, lo que fue interpretado como un respaldo a la denuncia de Lezcano.
Masi negó las acusaciones y sostuvo que se trataba de un “malentendido” en una negociación comercial.
A este antecedente se suman también episodios vinculados a contrataciones públicas realizadas años antes, que en su momento generaron debate sobre el uso de recursos estatales para producciones audiovisuales.
Uno de los casos ocurrió en 2012, cuando el Congreso Nacional del Paraguay contrató a la empresa Cerebro S.A., propiedad de Bruno Masi, para la producción de tres spots televisivos institucionales de aproximadamente 40 segundos destinados a promocionar la actividad del Parlamento.
El contrato tuvo un costo aproximado de 30.000 dólares, equivalentes a unos 134 millones de guaraníes al cambio de la época. Según reportes periodísticos, la contratación no se realizó mediante licitación pública y el dinero fue canalizado a través de la Asociación Cultural Comuneros, que actuó como intermediaria. Esto permitió que el contrato no se sometiera al régimen tradicional de contratación pública.
Ese mismo año también se registró otro gasto vinculado a producciones audiovisuales institucionales del Congreso por un monto aproximado de 269 millones de guaraníes. En ese caso, cerca de 134 millones se destinaron a la producción y edición del material, mientras que unos 135 millones fueron utilizados para la compra de espacios televisivos para su difusión.
La contratación, nuevamente, se realizó de manera indirecta a través de una organización intermediaria, evitando el procedimiento de licitación pública.
Otro episodio de ese mismo período fue la producción de un documental institucional de aproximadamente 20 minutos que explicaba los argumentos del juicio político que derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. El trabajo fue encargado por el entonces presidente del Senado, Jorge Oviedo Matto, aunque el monto exacto del contrato no fue informado públicamente.
Estos casos generaron cuestionamientos en su momento debido a que la normativa paraguaya establece restricciones claras para las contrataciones del Estado.
La Ley N.º 2051/03 de Contrataciones Públicas regula la forma en que las instituciones estatales deben adquirir bienes y servicios, estableciendo que la regla general es la licitación pública, mientras que las contrataciones directas solo pueden realizarse en situaciones excepcionales, como casos de urgencia comprobada o montos menores.
En los episodios mencionados, diversos observadores señalaron que no existía una situación de urgencia que justificara evitar el proceso de licitación, lo que alimentó cuestionamientos sobre la legalidad o pertinencia de estas contrataciones.
Asimismo, también se mencionó la Ley N.º 1297/98 de Publicidad del Estado, que limita el uso de fondos públicos para propaganda institucional, permitiendo únicamente campañas informativas o avisos de interés público.
A partir de estos antecedentes, algunos analistas sostienen que ciertos ataques mediáticos contra instituciones públicas podrían responder a estrategias de presión orientadas a obtener ventajas empresariales o comerciales, utilizando el impacto de la exposición mediática como herramienta de negociación.
En ese contexto, el reciente enfrentamiento con el MEC volvió a alimentar el debate sobre los límites entre la denuncia periodística, la crítica institucional y la eventual utilización de plataformas mediáticas para fines comerciales.
Por su parte, el periodista ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra y sostiene que sus investigaciones responden exclusivamente al ejercicio del periodismo.
Mientras tanto, el cruce con el MEC reabre una discusión más amplia dentro del ecosistema mediático paraguayo: hasta qué punto los conflictos entre periodistas, empresas y organismos públicos responden a investigaciones genuinas o a disputas de poder dentro del sistema de medios.
