Las acciones impulsadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en el marco del programa de titulación masiva de tierras comienzan a mostrar efectos políticos y sociales de gran alcance. Uno de los hechos más significativos es la suspensión, por primera vez en más de tres décadas, de la tradicional «Marcha Campesina», una movilización que durante años fue símbolo de reclamo del sector rural hacia los gobiernos de turno.
En ese contexto, el presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, encabezó este sábado la segunda reunión departamental con dirigentes de la Organización Nacional Campesina con el objetivo de impulsar el proceso de titulación masiva de tierras. El encuentro se realizó en la localidad de RI 3 Corrales, una colonia histórica habilitada en 1945 sobre unas 37.000 hectáreas y que actualmente alberga a unas 11.000 familias.
Durante la reunión se anunció que los trabajos técnicos preliminares, como el denominado Barrido Predial Masivo (BPM), comenzarán en mayo próximo. Este proceso permitirá avanzar en el ordenamiento de la tenencia de la tierra y facilitar la posterior entrega de títulos de propiedad a los ocupantes de los lotes.
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, también resaltó el alcance de las acciones impulsadas por el ente agrario. Según afirmó, el INDERT logró “destrabar barreras históricas” y se prepara para avanzar con la titulación de tierras en colonias de Santa Rosa del Aguaray, en cumplimiento de acuerdos con la Federación Nacional Campesina.
Alliana agregó que los casos de Paso Kurusu y Yaguareté Forest ya cuentan con vía libre para avanzar en el proceso de regularización, luego de que se levantaran los embargos que impedían el avance de los trámites.
En este escenario, la suspensión de la Marcha Campesina representa un hecho político de alto impacto. Durante más de 30 años, esta movilización anual fue una constante en la relación entre las organizaciones campesinas y el poder político, convirtiéndose en una plataforma de presión para exigir avances en materia de reforma agraria.
De acuerdo con dirigentes del sector, el cese de la marcha responde a dos factores principales. Por un lado, las acciones que impulsa el gobierno del presidente Santiago Peña en el marco de su política de reforma agraria, con un enfoque centrado en la titulación de tierras y el ordenamiento de colonias rurales. Por otro lado, a debates internos dentro de las propias organizaciones campesinas sobre nuevas estrategias de relacionamiento con el Estado.
La combinación de estos elementos abre un nuevo escenario en el histórico vínculo entre el campesinado organizado y el Gobierno, en un momento en que la regularización de la tenencia de la tierra vuelve a ocupar un lugar central en la agenda rural del país.
