A finales de los 60 en las facultades de economía, a las muchas ideas contrarias a la riqueza y el emprendimiento, se sumó la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Los textos de Administración de Empresas suelen definir la Responsabilidad Social Empresarial como:
La obligación que le corresponde a toda organización con fines de lucro respecto al mejoramiento del ámbito en que se desempeña, esto es, con el mejoramiento económico, social y cultural de la comunidad que la rodea. Dicho de otro modo, se trata de una labor social comunitaria que la empresa lleva adelante, para retribuir a la comunidad una parte de las riquezas que, gracias a ella, la organización puede generar cotidianamente.
Pero, ¿qué significa que una empresa tenga Responsabilidad Social Empresarial?
Primero, no existe ningún sustento económico, menos moral, que la sostenga. Se trata, tan sólo, de la vieja exigencia socialista de obligar a los empresarios a repartir una parte de su riqueza. Es la clásica envidia contra el productivo, contra aquel que crea felicidad para sus semejantes. Se puede resumir en: te disculpo que hagas dinero, pero con una condición: tienes que repartirlo con aquellos que te lo pidan.
Segundo, al aceptar las condiciones de RSE el capital y la propiedad empresarial se convierten en instrumentos para satisfacer los deseos del poder político, lo que no es más que una manera de colectivización parcial. Algo que puede usarse para forzar, por ejemplo, a una empresa de alimentos a entregar la totalidad de su producción de manera gratuita. Total, que más «responsable socialmente» que regalar todo lo que produzco.
En 1970, Milton Friedman, en su artículo: La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios, explicó que ganar dinero, mejorar productos y ser más competitivas son las únicas obligaciones reales de las empresas. Forzar a los dueños de negocios a financiar obras de arte u obras filantrópicas es una forma de robo.
Por otra parte, que existan empresarios que se alineen a las falacias de la RSE demuestra dos cosas: 1) no entienden los más elementales principios de economía, finanzas y administración, y 2) se sienten culpables de su propio éxito o, en muchos casos, con el de sus padres. Lo segundo es muy común entre los militantes del wokismo.
En mi natal Bolivia, esa visión «social» se aplica en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, en Potosí, Cochabamba y Chuquisaca la tenencia colectiva de la tierra gira alrededor del 90%. No es casualidad, por citar un caso, que Chuquisaca tenga uno de los niveles más altos de pobreza de Bolivia, o que en Cochabamba el sector agricultor sea el que más pide cambiar el uso de la tierra de urbano a rural, pues es la única manera de asegurar un capital para su familia.
Justamente, ahora que en el país se discute la Ley 157, la izquierda, que le atribuye una sabiduría ancestral y poderes casi mágicos a los indígenas, se opone a que los campesinos y pequeños productores tengan acceso al mercado y al capital. No obstante, no se trata de cuidarlos, sino de tenerlos vigilados, no sea que «abusen» de esa libertad.
Lo anterior nos muestra otra de las grandes contradicciones de la izquierda: defender la propiedad colectiva desde un departamento privado en los barrios finos de las urbes bolivianas.
A manera de conclusión, parafraseemos al gran Friedrich Hayek: la propiedad privada es la diferencia entre civilización y barbarie, entre un esclavo y un hombre libre.
