Por Octavio McFarlane
Según fuentes internas del Poder Judicial, es imposible calcular a cuánto ascienden los expedientes extraviados en el esquema conocido como MAFIA DE LOS PAGARES, pero se especula que la cifra ya alcanzaría siete números. Mientras la ciudadanía escucha el paupérrimo informe de la Corte Suprema de Justicia, plagado de frases rimbombantes que no aportan ninguna claridad a las miles de personas que esperan que la casa de Astrea deje de robarles el sustento, muchos se preguntan algo mucho más sencillo: por que la Corte, siendo la encargada de la gobernanza política y responsable del presupuesto institucional, simplemente decidió “NO VER” lo que a todas luces era cuanto menos, llamativo.
Es cierto que los órganos jurisdiccionales son independientes y debe prevalecer el debido proceso, pero no es menos cierto que los datos duros para la toma de decisiones siempre estuvieron disponibles para quien quiera tomarse la molestia de cumplir el mandato constitucional impuesto.
La Corte tiene responsabilidad sobre los delincuentes que alberga en cada sede judicial, porque teniendo el compromiso de colocar personas honradas en los más altos cargos jurisdiccionales y administrativos, decide premiar a lacayos serviles que agachan la cabeza y olvidan que el servicio público se trata de servir, no de servirse cual mercenarios al mejor postor. Teniendo en sus manos los resultados de las auditorías, deciden hacer la vista gorda o reaccionar con excesiva lentitud. Teniendo los datos duros sobre necesidades en materia de recursos y personal, deciden seguir ignorando a los juzgados de paz, por mucho que en papeles se exprese lo contrario.
En este esquema nefasto, resalta la figura del Ministro que se especula será el próximo presidente, que al ojo público se presenta como “intachable”, con una carrera judicial formada desde el escalafón más bajo, ascendió en una verdadera carrera judicial hasta alcanzar uno de los nueve tronos de la Corte. Respetado autor intelectual de obras jurídicas destacadas, excelente orador y parte del cuerpo docente de la cuestionada facultad de derecho UNA. Este sería uno de los facilitadores detrás de la operativa del esquema, quien ejerce en las sombras el verdadero control de las áreas clave para que la justicia avance según los designios de las claques del poder, administrando las famosas “Oficinas Técnicas de Magistrados” que agrupa a jueces de primera instancia y tribunales de apelación, lo que le da información en tiempo real de las decisiones judiciales que se convertirán en “directrices” para los demás jueces.
Es vox populi que ejerce férreo control en la Dirección General de Tecnología, el brazo ejecutor del expediente judicial electrónico. Es también sabido por todos que aprueba dónde, cuándo y hasta qué niveles se implementarán las mejoras tecnológicas, que llamativamente al finalizar el año 2025 no se materializaron en los juzgados de paz de la capital, porque hay dinero para comprar lujosas camionetas, pero no para equipar mínima y decentemente a los juzgados de paz.
Controla también a la Dirección de Estadística que, a pesar de tener datos duros sobre la cuantiosa producción de los juzgados de paz, nunca pudo siquiera advertir más allá de lo permitido que los números no cuadraban. En este ámbito también surgen los famosos “tabuladores”, que manejaban los juzgados para que los estudios jurídicos se encarguen de enumerar las resoluciones judiciales fraguadas en sus propias oficinas. En el 2025 la auditoría institucional intervino esta dependencia, en el marco de la mafia de los pagarés, y no se pudo responder a las preguntas mas básicas relacionadas a los procedimientos y procesos institucionales establecidos, lo que nos lleva a la cereza de esta torta podrida, con la puesta en el cargo de director general de planificación, encargada del direccionamiento estratégico de toda la institución, al niño mimado de sus ojos, un hombre con ínfulas de emperador que se dedica sistemáticamente a acosar laboralmente a todos sus funcionarios, ordenando la ejecución de planes absurdos para los juzgados de paz que nunca se cumplen en tiempo y forma, como si el dolor de millones de paraguayos no mereciera una respuesta seria, cajoneando información útil para tomar mejores decisiones, posponiendo indefinidamente el estudio serio de los procesos y procedimientos para las dependencias de asistencia jurisdiccional como la propia Dirección de Estadística, tomando todo tipo de decisiones ridículas arropado por el poder de “Su Ministro”. Este personaje horrendo, tuvo como último delirio despedir a los profesionales de la unidad ejecutora de los proyectos a su cargo, con más de 25 años de antigüedad y sin ningún respeto por los acuerdos inter institucionales que fundamentaban su vinculación laboral, siendo él el principal responsable de la pobre ejecución del presupuesto asignado para obras, no llegando al 60%, el más bajo en la historia de la dirección general. Otra de sus “hazañas” fue meter la mano en el Presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para favorecerse con un auto aumento de salario, ordenar la disminución de salarios de quienes cuestionan sus decisiones y perjudicar a directores de áreas de apoyo institucional y asistencia jurisdiccional con reconocida trayectoria en el Poder Judicial, porque dejaron en evidencia su incompetencia gerencial.
El pueblo paraguayo merece recuperar la confianza en la administración de justicia, con ministros probos que no solo “hagan ver” que están haciendo su trabajo, sino con evidencias reales de compromiso patriota. Merece también servidores públicos leales a la institucionalidad, serios y capaces de asistir técnicamente con eficacia a los ministros. En el caso conocido como “mafia de los pagarés”, los paraguayos luchan contra un sistema corrupto y degradado en todos los niveles. Esperemos que Dios nos ampare en la nueva elección del presidente de la Corte que tendrá que liderar una profunda transformación si quiere recuperar su credibilidad, el pueblo paraguayo merece una mejor justicia, porque sin justicia, nunca habrá paz.
