El pedido de informes aprobado recientemente en la Cámara de Diputados volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿hasta dónde llega el control político legítimo y en qué momento empieza a desdibujarse en una maniobra con objetivos puramente políticos? La iniciativa impulsada por el diputado Mauricio Espínola, dirigida al Instituto de Previsión Social y al Banco Central del Paraguay, no solo abrió un debate técnico, sino que dejó la sensación de que había algo más detrás.
Amparado en el discurso de la transparencia, el planteamiento apuntó de forma directa a operaciones vinculadas a una entidad bancaria concreta, ueno bank, colocándola en el centro de un señalamiento público que excede el marco de un control razonable del Estado. No se trató de una revisión amplia del sistema ni de una preocupación estructural, sino de un ataque puntual que utilizó el parlamento como vidriera política.
Es cierto que la inquietud por el destino de los fondos previsionales es legítima y compartida por la ciudadanía. Pero una cosa es pedir explicaciones y otra muy distinta es avanzar sin medir consecuencias. El Banco Central, aunque sea un ente público, está obligado por ley a resguardar información de terceros. Forzar ese límite no mejora la rendición de cuentas; por el contrario, la vacía de sentido. Controlar no es exhibir, y fiscalizar no implica exponer datos sensibles que pueden afectar derechos y generar desconfianza en el sistema financiero.
Todo indica que, en este caso, el diputado se pasó de la raya. Desdibujó la frontera entre exigir respuestas y poner en riesgo información protegida, creando un escenario donde la transparencia parece confundirse con el show político y el interés personal de Mauricio Espínola por dar respuestas a aquellos grupos económicos que pretenden dictar la agenda nacional tal y como lo hacen con la suya.
Un elemento que merece destacarse es que, a diferencia de otros episodios recientes, esta vez la oposición no optó por levantarse y dejar sin quorum la sesión. El debate se dio dentro del recinto, con la Cámara funcionando, algo que siempre es preferible al bloqueo institucional.
El control político es necesario y nadie lo discute. Pero también exige responsabilidad, criterio y mesura. Sin sensatez, la fiscalización se convierte en un arma y no en una herramienta. Y cuando eso ocurre, no solo se daña a los señalados de turno, sino también a la credibilidad de las instituciones que deberían dar ejemplo.
