En Paraguay, pocas cosas son tan elocuentes como la coincidencia entre una presión mediática sostenida y los intereses de grupos económicos de gran influencia. El caso del juez en lo Civil y Comercial, Juan Francisco Blanco Bogado, es una muestra clara de cómo determinados sectores buscan moldear el curso de la justicia a su conveniencia.
Desde hace semanas, el magistrado se encuentra bajo fuego cruzado: por un lado, las portadas y programas del Grupo ABC; por el otro, el aparato jurídico del Banco Atlas, una de las entidades financieras con mayor peso en el mercado. Este asedio no es casual, ni aislado. Responde a una decisión judicial que incomodó intereses poderosos: haber frenado la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, luego de admitir una demanda promovida por itti Saeca, que denunció el plagio de su “core bancario” y el uso indebido de su software por parte de Atlas.
La respuesta fue inmediata. El abogado Felino Amarilla, en representación de Atlas, presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) un pedido de enjuiciamiento y eventual remoción del juez, acusándolo de presunto mal desempeño y de “otros hechos más”, una fórmula tan amplia como conveniente cuando se busca instalar sospechas sin precisar fundamentos.
Pero este no es el único frente donde el banco enfrenta cuestionamientos. Paralelamente, el presidente de la entidad, Micky Zaldivar, y su directorio están bajo la lupa en otra causa por presunto lavado de dinero, una denuncia presentada nada menos que por la Conmebol. Y en ese proceso también aparecen señales de maniobras dirigidas a limar la independencia del magistrado que analiza las actuaciones de la entidad.
En ambientes judiciales, la lectura es prácticamente unánime: hay una estrategia de presión y coacción para intentar neutralizar al juez Blanco Bogado. El objetivo sería doble: desactivar la investigación por el presunto plagio del software de itti Saeca y, al mismo tiempo, debilitar las actuaciones judiciales relacionadas con el caso Conmebol, donde las sospechas sobre movimientos financieros irregulares del banco aún están lejos de despejarse.
La presentación en el JEM —un recurso que en teoría busca corregir errores judiciales, pero que en la práctica muchas veces se convierte en un mecanismo de disciplinamiento político— parece ser parte de esa ofensiva. Y el acompañamiento mediático amplifica el mensaje: quien toca intereses poderosos debe pagar el precio.
La justicia paraguaya tiene demasiados ejemplos de cómo las presiones externas condicionan a los jueces. Este caso es especialmente delicado porque involucra a uno de los bancos más influyentes del país, a un grupo mediático con capacidad de instalar narrativas y a un magistrado que, más allá de simpatías o antipatías, tomó una decisión que corresponde al ámbito de su competencia.
Cuando un juez es acosado por cumplir su función, el problema no es él: el problema es el sistema. Y lo que está en juego no es solo una fusión bancaria ni una disputa por software. Lo que está en riesgo es algo mucho mayor: la independencia judicial y el mensaje que se envía a cualquier magistrado que se atreva a tocar intereses intocables.
En un país donde el poder económico suele operar por encima del escrutinio, la ciudadanía merece observar este caso con atención. Porque detrás del ruido mediático y del discurso jurídico, la pregunta esencial es simple:
¿Permitiremos que la justicia sea moldeada por quienes tienen más recursos, o defenderemos el principio básico de que las causas deben resolverse en los tribunales y no en las redacciones ni en los directorios de bancos?
