La Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por el intendente Miguel Prieto, sufrió un nuevo traspié judicial tras la confirmación de una sentencia que la obliga a entregar información pública previamente negada a una ciudadana. El fallo, emitido por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, representa un duro revés para la administración municipal y fortalece el derecho ciudadano a la transparencia.
El caso fue impulsado por Magdalena Montiel, integrante de la Contraloría Ciudadana, quien recurrió a un amparo judicial luego de que la comuna se negara sistemáticamente a brindar acceso a informes vinculados a los objetos de gasto 842 y 874. Estos rubros comprenden transferencias por más de 10.900 millones de guaraníes a instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro, cuyos manejos han generado sospechas y reclamos por una rendición de cuentas clara.
A pesar de tratarse de fondos públicos y de haberse realizado el pedido a través del mecanismo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública, la Municipalidad —bajo la dirección de Prieto— optó por dilatar y negar la entrega de los documentos. Esta actitud motivó la presentación del recurso legal que ahora fue ratificado por el tribunal de alzada, que confirmó íntegramente la Sentencia Definitiva N.º 7 del 14 de mayo de 2025 dictada por el Juzgado Penal de Garantías N.º 8.
En su resolución, el tribunal también declaró competente y admisible el recurso presentado por los abogados Wilmer Ramón Cuevas Chaparro y Daniel Ledezma Torales, quienes representaron los intereses de la parte accionante. De este modo, la Justicia paraguaya refuerza la vigencia del principio de publicidad de los actos de gobierno y la obligación de los funcionarios de rendir cuentas ante los ciudadanos.
Si bien la Municipalidad aún puede intentar apelar ante la Corte Suprema de Justicia, la sentencia constituye un precedente firme y oportuno en un contexto de creciente reclamo social por el uso responsable de los recursos del Estado. Los documentos solicitados podrían revelar irregularidades en el destino de los millonarios fondos, y la negativa inicial de Prieto solo incrementa las sospechas sobre posibles maniobras que buscan evitar el escrutinio público.
Este nuevo episodio judicial no solo pone en entredicho el discurso de “gestión transparente” promovido por el intendente, sino que también plantea una pregunta incómoda: ¿qué se está intentando ocultar en Ciudad del Este?
