La construcción del edificio Petra Signature, uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de Asunción, continúa suspendida desde febrero de 2025 debido a una resolución judicial que ha levantado serias sospechas sobre la imparcialidad del proceso. A la cabeza de esta controversia se encuentra Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y vicepresidente de la FIFA, quien ha sido acusado de ejercer una presión indebida sobre el sistema judicial para frenar la obra, dejando a 300 obreros sin empleo.
La constructora Petra Emprendimientos S.A., liderada por el empresario Carlos Guasti, denunció que Domínguez hostigó repetidamente el proyecto, incluso a través de amenazas verbales captadas en video. Según la denuncia, estos actos de presión y los constantes obstáculos fueron el motor detrás de la resolución judicial que paralizó la obra con una rapidez inusual. Esta situación ha desatado un profundo malestar en el sector inmobiliario y ha dejado al descubierto una preocupante falta de seguridad jurídica en Paraguay.
El impacto de esta paralización no se limita únicamente al sector de la construcción, sino que afecta directamente la imagen de Paraguay como destino para inversiones extranjeras. La Asociación de Profesionales de la Construcción (APROCONS) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios del Paraguay (CAPADEI) se manifestaron públicamente contra la medida, alertando sobre los riesgos que implica permitir que presiones externas distorsionen el proceso judicial y el clima de negocios en el país. Las organizaciones instaron a las autoridades a garantizar que las decisiones sean tomadas exclusivamente con base en criterios legales y técnicos, sin ceder a influencias ajenas al derecho.
Carlos Guasti, presidente de Petra Urbana, expresó que el perjuicio causado por la paralización de la obra no solo afecta a los trabajadores, sino también a la economía del país y a la reputación de Paraguay como un lugar seguro para las inversiones. Guasti, al igual que otros empresarios del sector, destaca la necesidad urgente de un entorno de negocios predecible y transparente, libre de presiones políticas o influencias externas.
Este conflicto deja en evidencia el peligroso precedente que la interferencia de figuras políticas en procesos judiciales puede crear. Si bien la resolución final del caso aún está pendiente, este episodio ya ha generado un debate sobre la necesidad de asegurar que el poder judicial opere con total independencia, sin ser influenciado por intereses privados ni públicos. La solución de este conflicto será fundamental para garantizar la estabilidad jurídica y la confianza de los inversores en Paraguay.
